En los meses previos a la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal y de las elecciones del 2003, que fueron prácticamente paralelos, el Concello de Carballo aprobó un buen número de licencias urbanísticas. Un informe elaborado por los servicios técnicos municipales en el 2004 hacía referencia a 42 permisos para construir en suelo rústico otorgados a finales del 2002, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la Lei de ordenación urbanística e protección do medio natural de Galicia, que prohíbe cualquier tipo de actuación en ese tipo de terreno, y que incluso otorga a los ayuntamientos la capacidad de declarar extinguidas las autorizaciones «en canto sexan contrarias ou disconformes co novo réxime establecido nesta lei».
El gobierno municipal optó por actuar en los casos en los que los permisos concedidos fuesen en perjuicio de terceros, según explicó el concejal de Urbanismo, José Antonio Viña. Así, en el 2004 se procedió a la paralización de dos proyectos de construcción previstos en Pedra Furada, en la zona del barrio de San Cristovo, y en Mirón-Bértoa. Del primer caso no se volvieron a tener noticias, pero el promotor de la construcción de un conjunto residencial de siete viviendas unifamiliares en Mirón presentó un contencioso contra el Ayuntamiento y lo ganó.
Según la sentencia dictada recientemente, el Concello de Carballo tendría que indemnizar al constructor con más de cien mil euros, aunque José Antonio Viña expresó su intención de recurrirla. De hecho, su antecesor en el cargo ya intentó negociar un acuerdo, pero no fructificó.
El conjunto residencial, efectivamente, había conseguido licencia municipal poco antes de la aprobación del PGOM. Sin embargo, al entrar en vigor el nuevo documento, y al no haber empezado las obras, la parcela quedó incluida en el polígono número 7, en el que fi gura una zona verde donde estaba prevista la construcción de dos viviendas, además de un aprovechamiento del 0,40 que prácticamente quedaría cubierto con el proyecto de Elviña Promotores, lo que dejaría a los demás propietarios sin la posibilidad de construir. Fueron precisamente los dueños del resto de las fincas agrupadas en la unidad de actuación quienes exigieron al Ayuntamiento que hiciese cumplir la normativa, por lo que se procedió a la paralización de la construcción, primero, y a la anulación del permiso, en el 2004. El empresario, sin embargo, ya tenía algunas viviendas apalabradas, y reclamó los daños y perjuicios correspondientes.
Otro caso que se saldó sin indemnización, pero sí por medio de una resolución judicial, afecta a un terreno ubicado en la esquina de las calles Vila de Noia y Vila de Ordes, e incluido en el PGOM en el polígono 8. En este caso, los propietarios también tenían una licencia concedida antes de la aprobación del Plan General, lo que, de no materializarse la obra, supondría que también podrían reclamar una indemnización. Ya en el pasado mandato se tramitó una modificación puntual del plan en ese ámbito, pero fue rechazada por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, y hace sólo unos meses fueron los tribunales los que obligaron a introducirla, lo que, a su vez, provocará la reforma de todo el ámbito del polígono 8.
En este caso, el TSXG consideró que se trataba de suelo urbano consolidado, ya que tiene todos los servicios correspondientes a esa clasificación.