Mantiene una multa elevada para el edil de Urbanismo y al de Cultura se la baja de 1,92 millones a 135.000 euros
04 jun 2010 . Actualizado a las 11:35 h.El juicio por el caso de supuesta corrupción urbanística en Gondomar se cerró ayer con una sorpresa relativa. En sus conclusiones, la Fiscalía -que consideró exiguas las penas que legalmente se pueden imponer por casos de cohecho- acordó compensar la colaboración prestada por los dos imputados que admitieron haber tomado parte en la extorsión a tres empresas, y cuya implicación probaban grabaciones telefónicas y vídeos.
Juan Carlos Aladro, fiscal jefe provincial, rebajó así en un 93% la pena que él había solicitado para José Luis Mosquera, portavoz municipal del PP y concejal de Cultura en el momento de su detención, en febrero del 2007. De 1,92 millones de euros de multa inicialmente solicitados, el fiscal pasó a pedir 45.000 euros por cada uno de los tres delitos imputados y seis años de suspensión de cargo y empleo público. En caso de no pagar, la Fiscalía propone el cumplimiento de un día de prisión por cada cien euros impagados, con un límite máximo de un año de cárcel, que no cumpliría al no contar con antecedentes.
Otra compensación
Para el arquitecto, el ministerio público planteó una compensación similar por haber aportado además datos de dos peticiones de dinero distintas a la que dio origen a la investigación. De 720.000 euros de multa el fiscal pasó a reclamar 70.500 y 15 meses de prohibición de trabajar para la Administración.
La tercera reducción planteada benefició a la novia del edil de Cultura, Belén Fernández, para la que se retiró la acusación. «Teníamos la sensación de que cogió el dinero y corrió, pero no hemos conseguido probarlo», dijo el fiscal sobre la mujer a la que se le encontró en su bolso el primer pago de la extorsión en una operación montada por la Guardia Civil con el empresario denunciante. «En este juego, la duda absuelve», añadió.
El panorama al que tendrán que hacer frente los nueve integrantes del jurado popular es muy diferente para el concejal de Urbanismo de entonces, Alejandro Gómez, quien no reconoció su implicación en la trama. La Fiscalía rebajó la petición de multa para él de 1,92 millones de euros a 1,08 millones, pero fruto de que se admitió que el dinero exigido a una empresa promotora era menor que el que se había dado por válido durante la instrucción del caso.
El ministerio público centró sobre Gómez todo su esfuerzo argumental para convencer al jurado de que el ser señalado directamente por su compañero como integrante de la trama debería bastar. El fiscal insistió en que el ex edil utilizó al de Cultura para hacer las peticiones de dinero. Añadió que Mosquera en sus conversaciones intervenidas hablaba en plural; que la voz de Gómez aparece de fondo en una grabación crucial y que los dos concejales habían ido a visitar al arquitecto a su despacho, «por lo que el principio de presunción de inocencia en su caso está desvirtuado», dijo el representante público.
La defensa del edil de Urbanismo pidió en cambio su total absolución, al considerar básicamente que no hay pruebas sólidas de su implicación, ni con las grabaciones, que consideró ilegales. El letrado desarrolló la teoría de que el nombre de su cliente fue utilizado por Mosquera en sus negociaciones para darle verosimilitud a las garantías que ofrecía a los promotores extorsionados. El propio Gómez acabó la vista clamando por su inocencia. «Lo único que hice fue trabajar para que los vecinos de Gondomar vivieran en las mejores condiciones», dijo para cerrar la vista.