«Solo la sinvergüencería de pedir dinero ya es delito», dijo el fiscal en su informe final para relativizar el peso político del caso surgido en Gondomar. «Que se le quisiera dar el dinero al PP o al PP de Montevideo, es intrascendente, aunque yo pienso que se lo estaban guardando para comprar un piso, y eso se lo digo gratis. Cogían el dinerito por nada», indicó al jurado Juan Carlos Aladro.
Fernando Rubianes, abogado del edil de Cultura, contestó que si se creyó en todo a su defendido, «¿por qué no habría que creer que ese dinero era para apoyar a Move Gondomar [formación creada por escisión del PSOE] y para la campaña de su partido [PP] en Uruguay?», extremos estos de los que ayer aseguró no tener constancia el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán.
Las referencias políticas fueron invocadas también por José Muñoz, abogado del arquitecto, al indicar que su representado, «el tontito y manipulado por todos, está frustrado por estar en un banquillo en el que deberían estar otras personas, porque no son todos los que están y no están todos los que son».
Más allá fue incluso la defensa del edil de Urbanismo, Jesús Lorenzo, que dijo que con el caso Gondomar se logró que el PP perdiera las elecciones locales.
El abogado indicó que el seguimiento del arquitecto fue clave para conocer casos de otros municipios, «porque este asunto no acaba en Gondomar, tiene más ramificaciones», dijo.