El cuerpo electoral gallego dejará de contar en las próximas elecciones municipales con 360.931 electores si finalmente el Congreso aprueba antes de mayo la reforma de la ley electoral tal y como está pactada. La provincia de A Coruña será la que más votantes potenciales cederá en su censo, al quedar excluidos 126.215 de los comicios locales, mientras que dicha circunstancia afectará en Pontevedra a 104.711; a 80.918 en Ourense y a 49.087 más en Lugo, según la Oficina del Censo Electoral.
Dicho contingente supone 85.531 personas más que hace ocho años, circunstancia que se explica, además de por un nuevo repunte de la emigración gallega, por la extensión de la condición de nacionalizables a los hijos y nietos de los residentes en el exterior en base a la Ley de la Memoria Histórica.
Aunque la pérdida de la condición de elector en los comicios locales es el cambio más notable de los que introducirá la reforma pactada entre todos los grupos políticos (excepto IU), la implantación del voto en urna y sobre todo la obligación de solicitar previamente la participación para las elecciones generales, autonómicas y europeas, siguiendo el modelo del llamado voto rogado, modificará sensiblemente también la relación de la diáspora con las consultas políticas del Estado. Ahora serán los emigrantes los que tengan que solicitar su participación en los comicios, por lo que el intercambio de cartas con la documentación, las papeletas y los votos pasará a ser de cuatro en lugar de los dos actuales.
La reforma excluye por igual de los comicios locales a todos los emigrantes, sea cual sea su país de residencia, circunstancia que por ejemplo el presidente de la Casa de Galicia en Lisboa, Miguel Seco, no considera justa. «Habría que incluir algún tipo de ponderación, porque los gallegos y el resto de los españoles que viven en Portugal siguen teniendo una vinculación constante y permanente con sus municipios, dada la cercanía geográfica», apunta Seco. Para el directivo de la Casa de Galicia lisboeta, los emigrantes radicados en Portugal pueden llegar a pasar hasta tres meses en total en sus concellos de origen, estando con ello más cerca y con mayor vinculación que otros gallegos que se han trasladado a otras comunidades españolas. Seco avanza que remitirán una carta a la Xunta explicando su oposición a la reforma.