El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) prevé transformar muchos de los patios interiores del barrio Feijoo, hoy abandonados, en plazas públicas en un plazo de entre ocho y diez años a partir de la aprobación definitiva del documento. Las expropiaciones de los terrenos se harán en intervalos de dos años, de manera que mientras se realizan los trámites administrativos de una parte se puedan ir realizando las obras en otra.
La concejala nacionalista Paz Abraira afirmó ayer que, con esta organización, las obras de rehabilitación no podrán comenzarse hasta que no se culminen los trámites administrativos de todas las expropiaciones; mientras que la delegada de Urbanismo, María Novo, reiteró que ambas cosas se harán a la vez. Según explicó esta última, el barrio Feijoo es una «prioridad» por lo que se han marcado los plazos más rápidos posibles, teniendo en cuenta que las expropiaciones son procesos largos en los que hay que dar parte a los vecinos para que aleguen, y que además, han de hacerse teniendo en cuenta la previsión económica del Concello.
Cuatro, seis y ocho años
El punto de vista de Abraira es prácticamente el contrario, puesto que, según explicó, en la memoria del PXOM las expropiaciones se han fijado con plazos de cuatro, seis y ocho años, siempre a partir de la aprobación definitiva. Las primeras serían la plaza das Reboiras y en la calle San Vicente; a continuación, las calles San Antonio y Río Cabe; y por último, al cabo de ocho años, el Concello obtendría la propiedad de terrenos de las traseras de San Lorenzo y Río Támoga.
Para Abraira estas fechas «evidencian» que la actuación, una de las que más costó consensuar entre los tres grupos políticos, «non se considera unha prioridad» porque antes de empezar con las obras transcurrirán cuatro años (los fijados para conseguir la titularidad de los primeros terrenos) y eso suponiendo que se cumplan los tiempos marcados. En este sentido, Novo replicó que «se podría haber seguido el procedimiento de justificación de la urgente ocupación, pero no me parece razonable». Por eso insiste en que «en urbanismo, dos años son el mínimo para poder garantizar que es un proyecto realista: hay que atender las alegaciones de los vecinos; hay que finalizar el procedimiento y hay que pagar con el dinero de todos».