El Gobierno de Benjamin Netanyahu se opuso ayer a la creación de una comisión internacional para investigar el sangriento ataque a la flotilla de ayuda, aunque trataba de encontrar una solución de compromiso con EE.?UU. Según la prensa, entre las alternativas discutidas con Washington figura la creación de una comisión investigadora dirigida por «un jurista de prestigio internacional» e integrada por representantes israelíes y observadores estadounidenses.
El Estado hebreo rechazó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que aprobó el miércoles una investigación internacional, considerando que esa instancia no tiene ninguna «autoridad moral». Sin embargo, tres ministros se pronunciaron públicamente a favor de una investigación, pero solo israelí.
«Somos lo suficientemente adultos como para solucionarlo nosotros mismos. No necesitamos ningún tutor», afirmó a Israel Radio el ministro de Exteriores israelí, el ultraderechista Avigdor Lieberman. «Contamos con excelentes juristas [...], uno de los ellos estará dispuesto a hacerse cargo, y si quieren incluir a un miembro internacional en su comité, están en su derecho a hacerlo», señaló. «Toda la culpa, de principio a fin, es de Turquía», añadió Lieberman.
El ministro de Finanzas, Yuval Steinitz, también rechazó la idea de una investigación internacional, pero admitió que Israel, «por razones tácticas», podría verse «desgraciadamente obligado» a encarar otra solución, precisando que no estaba implicado en las discusiones entre israelíes y estadounidenses.
Defensa de Biden
Mientras Barack Obama sigue callado, el vicepresidente Joe Biden defendió el «derecho absoluto» de Israel a defender su seguridad, en una entrevista con la televisión pública estadounidense PBS. «Uno puede discutir sobre si Israel debería haber lanzado sus soldados sobre ese barco [...], pero no se puede negar que Israel tiene derecho a saber si se están introduciendo armas de contrabando» en Gaza. EE.?UU. está presionando a Israel para que cambie su política de bloqueo a Gaza, pero sin afectar a la seguridad del Estado judío, según
The New York Times.