La multinacional insiste en poner en tela de juicio el acuerdo de viabilidad que firmó y comité e instituciones le exigen que aclare qué va a hacer con la fábrica
28 ene 2024 . Actualizado a las 04:29 h.Hace casi exactamente dos años, el 20 de enero del 2022, España dejaba de producir aluminio primario con el apagado de las últimas cubas en San Cibrao. Veinticuatro meses después, el anuncio de Alcoa, que confirmó que iniciará el lunes los trabajos para el arranque progresivo de la electrolisis, suscita más incertidumbre que esperanza.
Mensajes de batalla judicial. En el día en el que Alcoa confirmó el arranque, el mensaje que lanzó parecía más propicio para defenderse en los tribunales que para anunciar una noticia anhelada por la plantilla. Pese a haber propuesto, primero, y firmado, después, un compromiso de retomar la producción en un plazo establecido, la multinacional insistió en que retrasar la reapertura de la planta de aluminio «era la solución más lógica» y auguró de nuevo que «consumir el efectivo disponible más rápido supondrá menos fondos para una solución a largo plazo». Es decir, reiteró el argumento que ha empleado en las reuniones: si se arranca ahora, no habrá dinero para construir el nuevo horno de cocción de ánodos, presupuestado en 109 millones de dólares y —con el antiguo ya destruido— imprescindible para el futuro de la planta.
Por otro lado, en un comunicado interno a la plantilla que envió durante la reunión de la mesa de seguimiento, lo que levantó ampollas, Alcoa hizo hincapié en la seguridad, instando a los obreros a «poner toda la atención» en las tareas e invitándolos a «parar una actividad si existe cualquier preocupación» sobre un hipotético incidente. Parecía así reforzar su tesis: el arranque es prematuro.
La Xunta atribuyó a Alcoa mala fe, que en derecho califica el comportamiento de aquellos que buscan burlar los cauces y garantías legales para obtener un fin premeditado. Los sindicatos tienen claro que la compañía pretende un cierre encubierto de la fábrica: apreciable, señala, en la «descapitalización» de las instalaciones, destruyendo el antiguo horno de cocción de ánodos y paralizando la construcción del nuevo. También, en que a pesar de lamentar su «delicada» situación financiera, la compañía haya mostrado escaso interés en obtener ayuda de las Administraciones para cumplir con el acuerdo de viabilidad.
Incertidumbre sobre el arranque. Con el ultimátum que presentó para aplazar el arranque, exigiendo una respuesta en dos días, Alcoa tensó la cuerda hasta el final, y es que si quiere cumplir el primer hito productivo establecido en el acuerdo de viabilidad, tener 32 cubas operativas en abril, debía empezar ya.
El comunicado de Alcoa dice que a partir de el lunes comenzarán «los trabajos para energizar» las cubas. La previsión de la multinacional era tener dos listas para arrancar el pasado 15 de enero. Hace pocos días, solo una —la 104 de la serie B— estaba completamente preparada para conectarla al embarrado, la barra conductora de la corriente eléctrica. La plantilla está expectante, pues —lejos en el tiempo el conflicto del Casón— no tiene experiencia en un proceso de arranque y por el momento no ha recibido demasiadas instrucciones. Especialistas procedentes de Canadá asesorarán a los cubistas.
El plan de viabilidad: mucho por hacer. Iniciar el arranque de las cubas supondrá cumplir el primer hito, en lo relativo al ámbito de actividad de la planta, dentro del acuerdo de viabilidad firmado por Alcoa y la plantilla. El siguiente está marcado para abril, cuando deberán estar operativas 32 cubas, y en octubre del 2025 se habrá completado el rearranque del 100 % de la electrolisis. Completar todo el proceso, según la multinacional, tendría un coste de unos 37 millones de dólares. Pero aunque ya se han ejecutado algunas de las inversiones comprometidas —el nuevo transformador, las barras de compensación de campo magnético que servirán ya para arrancar las cubas— queda mucho por hacer. El horno de homogeneizado y las mesas de colada de tocho Wagstaff están en proceso, y las sombras se ciernen sobre la obra más importante, el horno de cocción. Alcoa sigue sin poner plazos a su construcción y de tener que funcionar con ánodos de importación, los costes de la electrolisis aumentarían significativamente. Algunas fuentes calculan que la electrolisis no podría operar más de un año sin tener que importar ánodos.
Los siguientes pasos: ¿Qué quiere Alcoa? Sigue siendo la gran pregunta. Casi cuatro años después de que la empresa presentase el ERE que suponía unos 500 despidos y que fue tumbado por el Tribunal Supremo, el conflicto laboral en Alcoa está lejos de resolverse, pero parece que habrá tres semanas de tregua. Son las que se han dado las partes —Administraciones, sindicatos y empresa— para volver a reunirse. Para el próximo encuentro, Administraciones y sindicatos exigieron a Alcoa que deje de insistir en unas pérdidas de las que las centrales sindicales dudan y que clarifique cuáles son sus planes para San Cibrao, y qué ayuda requiere de las instituciones. El Estado ofreció la posibilidad de que la compañía concurra al Perte de descabornización para el horno de cocción de ánodos, a la que la multinacional se ha acogido.
Ante el desafío de Alcoa, las Administraciones le han recordado lo firmado y que para irse, «tendría que compensar el incumplimiento del acuerdo y los costes del pasivo ambiental y laborales de una salida desordenada». Y han advertido a la empresa de que la intervención, que este sábado comprometió Ana Pontón (BNG), está sobre la mesa. La Xunta, a la que se supone un papel de acompañamiento, con la boca grande, y el Gobierno, la institución llamada a liderar la medida, con la boca pequeña.