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Xove pide revisar si Alcoa se dio de baja legalmente del IAE en el 2023

A MARIÑA

Vista nocturna del complejo industrial de Alcoa
Vista nocturna del complejo industrial de Alcoa PEPA LOSADA

El Concello, que no cobró nada por el impuesto de actividades económicas de ese año, entiende que la empresa debió tributar al operar la fundición

13 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Lugo publicó este miércoles el acuerdo por el que la Diputación acepta la cesión, por parte del Concello de Xove, de las competencias en materia de gestión, inspección y recaudación de la tramitación en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en lo relativo a Aluminio Español, S. A. El gobierno municipal, que asumía el resto de las capacidades a nivel local en cuanto a este tributo, realiza la cesión porque duda de que la baja tramitada por Alcoa en el 2023 en lo relativo a esta tasa sea regular, y ha solicitado al ejecutivo provincial que inspeccione si está dentro de la legalidad.

El alcalde, Demetrio Salgueiro, explica que el Concello no cobró nada de Alcoa en materia de IAE en el 2023, y entiende que dicha baja fue irregular, pues «para poder facelo, ten que haber unha parada da actividade ao cen por cen, e non foi o caso. No 2023, Alcoa parou a electrólise pero a fundición seguiu producindo, fundindo chatarra para abastecer clientes, como a propia compañía anunciou publicamente. Por iso non estamos de acordo e queremos que se revise este punto», señala el regidor.

El Ayuntamiento solicitó con anterioridad a la Agencia Tributaria que inspeccionase esta baja, y que si encontraba alguna irregularidad diese de alta de oficio a Aluminio Español en el IAE. Pero la competencia en materia de inspección en este caso pertenece a la Diputación, y por ello el Concello ha realizado este trámite, «para que se faga ese procedemento inspector, comprobando se esa baixa foi irregular ou non. O goberno provincial ten unha empresa contratada para estas situacións», indica.

El regidor afirma que no tiene una estimación del dinero dejado de recaudar por el Concello si, finalmente, los inspectores entienden como el gobierno municipal que la baja no fue procedente. Salgueiro explica que también solicitó la revisión del ejercicio 2024, pese a que —con 32 de las 512 cubas operativas— Aluminio Español ya figuraba como dada de alta en el IAE, «porque dubidamos sobre un dos elementos que forman parte do cómputo do que Alcoa tería que pagar, a potencia enerxética declarada».

Dicha inspección «incluiría unha visita á instalación, a revisión de documentación… Temos dereito a un proceso inspector completo ao que non imos renunciar», aclara.

Salgueiro recalca que «non se trata de perseguir a Alcoa, posto que non estamos a reclamar nada que non creamos que nos corresponda. A empresa ten que tributar como todos os contribuíntes, e se estamos equivocados dirao a inspección», matiza. Consultadas al respecto, fuentes de la multinacional prefirieron ayer no pronunciarse.

Con la electrolisis a pleno rendimiento, el IAE recibido de Alcoa fue cuarenta años el ingreso más estable con el que contó el Concello de Xove, rozando los tres millones de euros anuales. Sin embargo, en el 2024, con la actividad de la electrolisis a un seis por ciento desde abril, el Ayuntamiento percibió alrededor de 200.000 euros.

A esa cantidad se sumaba la aportación que hacen las empresas que abastecen de suministro eléctrico a Alcoa. Xove anuló en su día una ordenanza específica por aprovechamiento del suelo a favor de estas firmas, y aprobó otra genérica que significó pasar en un año de ingresar 700.000 euros anuales a 1,9 millones. La tasa que deben satisfacer se determina aplicando el 1,5 por ciento sobre la base imponible definida en el artículo 7, es decir, sobre la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtenga anualmente la firma. En este apartado, con el apagado de las cubas, lo ingresado se ha vuelto una cantidad simbólica.

Con el cierre de la electrolisis estos ingresos quedaron en el aire y condicionaron los presupuestos municipales. En ese contexto, el gobierno local subió el año pasado del 0,6 al 1,6 % el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los titulares de propiedades con valor catastral superior a 350.000 euros. Recaudó así de Alcoa unos 190.000 euros.