Cuatro años de prisión para los responsables de una plantación secreta de marihuana en Barreiros
BARREIROS
Fueron condenados por tráfico de drogas y por manipular el suministro eléctrico del edificio. Deberán pagar una multa de 48.368 euros
29 nov 2024 . Actualizado a las 18:28 h.Dos vecinos del municipio lucense de Barreiros fueron condenados a dos años de prisión cada uno tras admitir ser los responsables del cuidado y mantenimiento de una plantación de marihuana que ocultaban en una casa particular. Ambos traficantes reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que supuso una rebaja de pena para ellos. Además, deberán pagar una multa de 48.368 euros, el valor de la droga incautada por la Guardia Civil.
Ambos reconocieron los hechos que planteaba el fiscal en su escrito de acusación. El Ministerio Público los señala como los responsables de gestionar una plantación de cannabis destinada al tráfico de drogas y de defraudar electricidad para mantener dicha actividad. Según el documento, los hechos se remontan al 19 de diciembre del 2019, cuando, tras una orden judicial, agentes de la Guardia Civil realizaron una entrada y registro en una finca ubicada en el municipio de Barreiros.
Casi mil plantas requisadas
En el inmueble, alquilado por uno de los acusados, se descubrió una sofisticada instalación para el cultivo de cannabis. En total, se hallaron 975 plantas en diferentes etapas de desarrollo, 39 de ellas con un peso neto de 374,4 gramos y una pureza del 21,5 %, y otras 936 plantas con un peso neto de 20,8 kilogramos y una pureza del 20,8 %. La plantación contaba con un complejo sistema eléctrico y de ventilación, incluyendo 62 balastros, otros tantos reflectores, deshumidificadores, sistemas de aire acondicionado, ventiladores y otros equipos. Además, en el lugar se encontraron dos básculas de precisión y una libreta con anotaciones relacionadas con el mantenimiento de las plantas. Según la acusación, las sustancias estaban destinadas a su distribución a terceros, lo que constituye un delito contra la salud pública.
Además, los acusados habían manipulado la instalación eléctrica del inmueble para consumir energía sin pagarla, causando un perjuicio económico a la empresa suministradora, que reclamaba 5.696,34 euros en concepto de daños. Este hecho supone un delito de defraudación de fluido eléctrico.
La Fiscalía solicitaba para cada acusado una condena de tres años y seis meses de prisión por el delito contra la salud pública, una multa de 48.368 euros y otra adicional por el delito de defraudación de fluido eléctrico. Asimismo, pedía que indemnizasen solidariamente a la compañía eléctrica afectada.
Tras el acuerdo de conformidad, ambos fueron condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de 48.368 euros por el tráfico de drogas y otros 5.596 por el fraude del suministro eléctrico. El fiscal no se opuso a la suspensión de la pena, por lo que finalmente no entrarán en prisión si mantienen el compromiso de hacer estos pagos y de no delinquir en un plazo de tres años.