La Xunta pide a la Sareb que prorrogue los contratos de alquiler de los pisos de Burela

Un día después de que el PSOE anunciara el registro de una serie de iniciativas en el Parlamento gallego y de que exigiera al Gobierno de la Xunta una solución ante la orden de desahucio a la que deben hacer frente 16 familias que residen de alquiler en viviendas de protección autonómica del edificio número 6 de la calle Mar Cantábrico de Burela, el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, aseguraba este viernes que llevan un tiempo negociando con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) —propietaria de los pisos— a la que le solicitan la prórroga de los contratos hasta el 2029, cuando finaliza el período de protección autonómica de 25 años sobre el edificio de viviendas protegidas de propiedad privada.

Minutos antes de asistir a una reunión con técnicos de la Sareb en la que estaba previsto abordar este y otros asuntos, el director del IGVS manifestó a La Voz que, desde que tuvieron conocimiento de esta situación, a finales del año pasado, la Xunta no ha dejado de buscar una solución. Aseguró que en este tiempo han mantenido varios contactos con personal de la referida sociedad: «Non vemos nengún motivo para que non se prorroguen os contratos. Pretendemos que se poda chegar a una solución axeitada».

Reconoció que la Sareb ha mudado en los últimos meses su forma de actuar, pero desde la Xunta creen que no es la forma correcta en materia de alquiler social, tanto por las directrices y objetivos del Gobierno autonómico como también por los que se marca el Ejecutivo central. En este sentido, Heriberto García plantea que, además de exigir soluciones a la Xunta, «que está a facer todo o posible» dentro de sus competencias, también debería existir el compromiso de otras Administraciones públicas para dirigirse al Gobierno central. En este sentido, y recordando que el Estado tiene más del 45 % de participación en la Sareb, considera que otras instituciones, como el Concello de Burela, también debieran implicarse, dirigirse al Gobierno del Estado y exigir la prórroga de estos contratos de arrendamiento.

Desde el IGVS se comprometen a seguir negociando y mediando para intentar resolver esta situación. García reiteró que han pedido la prórroga automática de los contratos e incluso, también referente a este caso, afirmó que desde la Xunta se le envió un requerimiento a la Sareb para aclarar aspectos que generaban discrepancias y que son relativos a la titularidad de seis contratos.

Vulnerabilidad

El director xeral del IGVS manifestó que existe un compromiso de la Sareb de que a todos los inquilinos que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad «se lles vai prorrogar o contrato». Por la información que maneja la Xunta, hay once viviendas ocupadas. Desde el PSOE, concretamente la diputada autonómica Patricia Otero, manifestaba en las últimas horas que eran en un principio 16 las familias afectadas por la decisión de la Sareb: «A pesares de estar ao corrente nos pagos dos seus alugueiros e de se faceren ademais cargo dos gastos comúns do edificio, algunhas xa se cambiaron de vivenda ante a falla de noticias tanto da Sareb como da Xunta». La parlamentaria pidió que a los afectados se les preste asesoramiento técnico y jurídico en este proceso.

A contrarreloj

También recordó que en enero de 2021 la Sareb emitió una orden de desahucio de los pisos del edificio, instando a los vecinos que los tienen en alquiler a que los dejaran libres en un año. El plazo está a punto de expirar.

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