Aprecia dolo o culpa grave en la sobrevaloración de las existencias, en el tratamiento contable de los créditos de dudoso cobro y en «salidas patrimoniales fraudulentas» hacia el Burela FS
25 may 2025 . Actualizado a las 18:09 h.El administrador de Pescados Rubén ha remitido este jueves al juzgado de lo mercantil de Lugo el informe de calificación, en el que califica el concurso voluntario de acreedores de la pesquera de Foz como culpable, al apreciar dolo o negligencia en la deriva de la empresa insolvente, que llegó a acumular una deuda de unos 29 millones de euros.
La administración concursal, que ejerce el despacho Rivera y Varela, solicita al juez que declare el concurso como culpable y que el administrador único de la concursada, Manuel Blanco, sea la persona afectada por la calificación, de modo que se le inhabilite para administrar los bienes ajenos durante un período de seis años, así como para representar a cualquier persona durante idéntico plazo.
Según el informe de calificación, el concurso de Pescados Rubén debe ser considerado como culpable, y no fortuito, por dos razones. En primer lugar, por la existencia de «irregularidades contables», al «hacer constar en la contabilidad una cifra de existencias ficticia, deliberadamente sobrevalorada al objeto de impedir, al menos desde el ejercicio 2020, que las cuentas arrojen el resultado de pérdidas cualificadas que implican la existencia de causa legal de disolución».
Según concretó inicialmente el administrador en el informe concursal, la cifra de existencias de la empresa cayó en 12,8 millones en cuatro años: de 13,4 al 31 de diciembre del 2023 a poco más de 546.000 euros a cierre del 2024, lo que a juicio del técnico muestra un evidente maquillaje contable.
«No existe justificación razonable que explique una depreciación tan importante de las existencias durante el ejercicio 2024, de lo que se deduce que se remonta en realidad a tiempo atrás, persiguiendo el deudor únicamente la sobrevaloración de los activos durante los ejercicios anteriores (...), con el único objetivo de ocultar una situación de pérdidas agravadas constitutiva de causa legal de disolución», argumenta.
Por otro lado, considera el administrador que la dirección de la sociedad faltó al principio rector de la prudencia respecto al reconocimiento contable de créditos de dudoso cobro, que omitió «con la misma finalidad, evitar la afectación que supondría en la cuenta de resultados».
«Las irregularidades contables merecen, desde lugo, los calificativos de relevantes y graves, pues impiden que la contabilidad cumpla con la finalidad que le es propia, esto es, ofrecer la imagen fiel de las cuentas sociales, distorsionando por completo la verdadera situación patrimonial y financiera del deudor», expone el informe de calificación.
También aprecia dolo en las «salidas patrimoniales fraudulentas» respecto al CD Burela Fútbol Sala, patrocinado por la empresa en crisis. La mecenas y la entidad deportiva suscribieron préstamos por alrededor de 873.000 euros, contratos «que en realidad ocultan entregas de dinero a fondo perdido o como mínimo gratuitas, pues el pago de los intereses pactados por la prestataria, sumado al cumplimiento de obligación de amortizar el capital prestado, no resulta concebible en términos de probabilidad», razona.
«No es creíble que los administradores de la concursada no valorasen el enorme riesgo de estas operaciones (...), y de que no fueran conscientes de la incapacidad económica del club para hacer frente a sus compromisos de pago (...), ya que se trata de una asociación privada sin fines lucrativos, que desarrolla un mínimo de actividad económica destinada a contribuir a los gastos vinculados al desarrollo de lo que constituye su objeto: la promoción, práctica y participación en actividades y competiciones deportivas», agrega el administrador, que considera que la finalidad perseguida por la empresa insolvente, primero al formalizar los préstamos y después con la ampliación del plazo concedido al Burela FS, «fue evitar el reconocimiento contable de una pérdida, o como mínimo la dotación de una pérdida por deterioro, con la consiguiente afectación en ambos casos que tendría en la cuenta de resultados». Todo ello permite «constatar dolo o culpa grave en los administradores de la concursada en la agravación de su estado de insolvencia».
El perito entiende no obstante que no procede en este caso la condena al administrador societario a la cobertura del déficit concursal, porque aunque considera que las salidas patrimoniales hacia el Burela FS agravaron la insolvencia de Pescados Rubén, dichas aportaciones se produjeron desde el 2014 hasta el 2020, cuando Blanco —que asumió la administración de la empresa en el 2022— no estaba todavía al frente de la concursada.