La alcaldesa de Viveiro insiste en que no cometieron «ninguna irregularidad»
11 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El auto dictado por la Audiencia de Lugo contra la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, la edila Isabel Rodríguez, los ex ediles socialistas José Luis Docampo Fortes y Rafael Fernández Amor, y el nacionalista Francisco Luis Rodríguez Guerreiro en relación al caso de las licencias por silencio administrativo, que mantiene su imputación por presunta prevaricación urbanística e incluso habla de un posible falsedad documental en una de las licencias, fue valorado de forma distinta por las partes implicadas.
Loureiro desconocía el auto, y pendiente de analizar el contenido con sus abogados insistía en que ni ella ni Rodríguez «cometimos irregularidades», y mantienen que «nosotras estamos denunciadas por una única licencia unifamiliar». Recordó además que «todo viene de una guerra declarada de César Aja hacia Melchor», y lamentaba: «Habrá más».
Desde Bulgaria, donde trabaja como asesor cultural del Ministerio de Educación César Aja, afirmaba que el auto judicial «pone de manifiesto que múltiples decisiones adoptadas por el entonces alcalde, Melchor Roel, eran ilegales, con plena conciencia de que las mismas eran constitutivas de delito, como he denunciado en su momento». El ex alcalde del PP, que denunció en su momento las denuncias, dice que «esas actitudes» tendrán «cuantiosos costes económicos a las arcas municipales», y cuestiona si las licencias «se otorgan sin informes técnicos, jurídicos y de Patrimonio, a cambio de nada». Para Aja esta es «solamente la punta del iceberg», y pide la dimisión «ipso facto» de Loureiro y su teniente de alcalde. «Supongo que el señor Besteiro así lo exigirá, aunque dudo de la imparcialidad y palabra de quien mantuvo de asesor a un imputado».
Desde fuentes cercanas al secretario general del PSdG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, aseguraron que «el PSOE tienen un criterio único, que ningún socialista se sentará en el banquillo ostentando esa condición, al contrario que el PP, que mantienen a los condenados en firme y los premia con cargos políticos y nuevas alcaldías».
Alegaciones en el proceso de juicio oral
El auto dictado por la Audiencia de Lugo analiza los expedientes de las licencias 448 /2004, 216/ 2006, 154/ 2005 y 391/ 2005 de forma pormenorizada. Se remonta al momento en el que el Concello de Viveiro solicitó a la Xunta la anulación del planeamiento y los acontecimientos posteriores, en los que hubo que recurrir a asesores externos (como el señor Cortón, también imputado) para evaluar la situación de cada una y la forma en la que se otorgaron mediante el silencio administrativo. La jueza rechaza que haya «meras divergencias interpretativas, apelando a diversas sentencias, y señala que los imputados pretenden «eliminar toda sospecha de ilicitud sobre su actuación a pesar de la existencia de informes negativos».
El auto reconoce el derecho a la presunción de inocencia de los ediles, y señala que podrán alegar en el acto del juicio oral.