
Acreditó su solvencia con la fotocopia de un aval bancario, que canceló sin avisar, según la Fiscalía
25 ene 2019 . Actualizado a las 20:06 h.Por los puertos y lonjas casi nadie olvida operaciones de compra-venta de productos del mar impagadas que, en los casos más graves, arruinaron a pequeños y medianos empresarios. Desde hace muchos años, quienes negocian en los mercados de la pesca se cubren las espaldas todo lo posible y procuran comerciar con quien acredita su solvencia financiera. Pero ni así están libres de estafas como la que atribuye la Fiscalía a un intermediario con domicilio social en Vizcaya. Será este jueves, día 31, en el Penal 1 de Lugo, acusado de dejar un pufo de 11.454 euros en la lonja de Puerto de Celeiro, en Viveiro.
Se enfrenta a la pena de dos años de prisión que le pide la acusación popular. También solicita que indemnice a Puerto de Celeiro con el dinero que dejó sin pagar, más los intereses, así como que pague las costas judiciales.
Cubría hasta 8.000 euros
Todo comenzó a principios del 2015, cuando el administrador único de una sociedad mercantil con sede en el País Vasco pidió autorización para comprar pescado en la lonja. Puerto de Celeiro le exigió un aval bancario. Contrató uno, de 8.000 euros, con una entidad financiera, que respondía del abono de sus facturas hasta esa cuantía.
La Fiscalía continúa explicando que el acusado entregó a Puerto de Celeiro «una copia en color» del aval bancario, «haciéndoles creer que se trataba del documento original». Dos meses y medio después de contratar el aval, lo canceló, devolviendo el original en una sucursal de la entidad financiera situada en Castro Urdiales (Cantabria). Lo «ocultó al Puerto de Celeiro, manteniéndoles en la creencia errónea de que cobrarían», dice el escrito de la acusación pública.
«Perjuicio patrimonial»
Un año después, a finales de marzo del 2016, «adquirió pescado en la lonja y recibió servicios en el Puerto de Celeiro por un importe total de 11.454 euros». El último día de ese mes, los gestores del mercado marinero le pasaron una factura de 8.000 euros, los que cubría el aval, pero «resultó impagada». En mayo de ese año, intentaron cobrar haciendo efectivo el aval en la entidad financiera. «No pudieron», lo que acarreó «el consiguiente perjuicio patrimonial» para la sociedad que dirige la lonja celeirense, concluye la Fiscalía.