La ordenanza respecto a la que el juez del Contencioso-administrativo número uno de Ourense formuló una cuestión de ilegalidad lleva vigente desde el año 2003. Todos los contratos laborales temporales celebrados a partir de esa fecha en la Diputación ourensana estaban amparados por la normativa ahora cuestionada. PSOE y BNG calculan, por tanto, que son cientos las contrataciones que podrían ser irregulares de salir adelante la anulación de la citada ordenanza en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Recuerdan socialistas y nacionalistas que es habitual que los beneficiados por los contratos temporales firmados en el marco de la ordenanza objeto de polémica sean cargos del PP en la provincia o familiares de estos. Elvira Lama, diputada del PSOE, añade que los tribunales de selección nombrados para estas convocatorias también son «sospeitosos», porque entre sus miembros hay comúnmente militantes populares.
La utilidad de la institución
Lo ocurrido con las contrataciones de la Diputación sirve, además, de excusa a la oposición para criticar la escasa utilidad de la institución provincial. «A Deputación foi utilizada como un instrumento clientelar do baltarismo e para o único que serviu en todos estes anos foi para recadar votos», explica el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez. En similares términos se expresa la socialista Lama, que dice que «non é que as deputacións sexan inválidas, é inválida unha deputación como a de Ourense».
Y es que, según la diputada del PSOE, en los más de veinte años que lleva vigente el baltarismo la institución ourensana no ha servido en la provincia para nada más que como fuente de empleo para cargos del PP. «O peor é que a xente os segue votando e a provincia está como está pola súa culpa», concluye.