Ninguna de las firmas que pujaban por la conservera garantizaba la actividad y el empleo
16 nov 2012 . Actualizado a las 06:59 h.La travesía del desierto que atenaza Alfageme continúa. La Consellería de Economía informó ayer de que el concurso abierto para su adjudicación ha quedado desierto porque ninguna de las empresas aspirantes cumplía con las dos condiciones indispensables que se habían fijado en el proceso: el mantenimiento de la actividad industrial durante diez años y la conservación de una plantilla mínima de 150 personas. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre las trabajadoras, que llevan tres años intentando salvar por todos los medios la histórica conservera propietaria de la marca Miau.
En realidad, el desenlace cogió por sorpresa a todos los implicados en esta operación: trabajadoras, Xunta... El propio conselleiro de Economía, Javier Guerra, reconocía ayer su sorpresa por la situación actual.
¿La razón? El hecho de que al menos una de estas firmas, el grupo Consorcio, había asegurado en varias ocasiones que cumpliría con los criterios establecidos por la consellería en materia de empleo y actividad.Lejos de ser así, fuentes del sector explicaron ayer que la oferta de la sociedad cántabra esquivaba expresamente los compromisos demandados en el concurso.
No comprometía la actividad durante diez años -solo cinco-, tampoco la garantizaba a partir del quinto y eludía fijar un capital social de al menos dos millones de euros durante un decenio. En lo relacionado con el empleo, descartaba mantener una plantilla mínima de 100 trabajadores durante diez años, tal y como exigía Economía. Por último, el grupo Consorcio ofrecía solo la devolución de la marca Miau en caso de que su proyecto fracasase, de tal forma que se quedaría con las plantas de Vilaxoán y Ribadumia, a mayores por supuesto de la condonación de la deuda de 30 millones (que asumiría la Xunta) y la concesión de una línea de préstamo de Xesgalicia por valor de nueve millones.
En el caso de Pescamar, la oferta que presentó ante la mesa técnica era algo mejor (ver tabla adjunta), pero no asumía los compromisos de personal. Algo por otra parte previsto, ya que la conservera de Poio ya había dicho desde el inicio del proceso que no podía aceptar las condiciones de la Xunta sin poner en peligro la viabilidad de la sociedad matriz.
Javier Guerra explicó ayer a La Voz que, ante este escenario, a su departamento no le ha quedado otro remedio que dejar el concurso desierto porque, de lo contrario, podría haber incurrido en un comportamiento delictivo. «No podíamos adjudicar Alfageme a una empresa que no cumpliese esas condiciones porque así estaba expresamente recogido en el DOG. De hacerlo, nos habríamos expuesto a responsabilidades jurídicas graves», matizó.
El conselleiro insistió en que el compromiso de su gabinete con Alfageme es absoluto, y como prueba citó el hecho de que la Xunta estaba dispuesta a condonar a la empresa adjudicataria los 30 millones de euros de los avales concedidos en su día por el bipartito a la familia Lago, avales que el departamento de Guerra ejecutó el pasado verano. «Estamos hablando de una cantidad que no se había condonado nunca en la historia de la Xunta. Hemos querido buscar una vía hasta el final y esperábamos que se resolviese de otra manera, pero que quede claro que no había otra solución que dejar el concurso desierto».