Enrique Porto Rey exige a Vilagarcía que le expropie una finca por 1,6 millones de euros
19 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El arquitecto vilagarciano Enrique Porto Rey, quien fuera director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre el 2003 y el 2006, ha presentado una demanda contra el Concello de Vilagarcía en la que reclama que le expropie una finca de su propiedad en la avenida Doctor Moreira, frente a la estación de tren, por un importe superior a los 1,6 millones de euros. Lo singular del caso es que la posesión de esos mismos terrenos le permitió a Porto Rey realizar un jugoso negocio inmobiliario en 1998.
El arquitecto lleva varios años intentando que Ravella le expropie la finca que hoy contituye más o menos la mitad del vial que hay frente a los cuatro edificios situados en esa calle (ver gráfico adjunto). Ocurre que en el año 98, Porto Rey consintió la urbanización de esa pequeña parcela con el fin de incrementar la densidad de edificación de unos terrenos mucho mayores que también eran suyos.
Para ello, presentó al Concello de Vilagarcía la finca de la polémica «como una vía pública», según explica el letrado del Ayuntamiento, e incluso concedió servidumbres de paso, luces y vista a favor de los inmuebles que se habrían de construir. Básicamente, al seguir todos esos pasos urbanísticos, logró construir cuatro edificios en lugar de uno en el suelo de su propiedad, según explican fuentes municipales, con lo cual cerró un negocio redondo.
Redondo porque no solo vendió las parcelas a varias constructoras para que levantasen esos inmuebles, sino porque en varios de los casos, él mismo actuó como arquitecto y director de obra, engordando aún más el margen de beneficios.
Así las cosas, la sorpresa en el Concello vilagarciano se produjo cuando Porto Rey presentó la reclamación de expropiación no solo ante Ravella, sino también ante el Jurado de Expropiación de Galicia. Como quiera que ambas instituciones desoyeron su petición, el arquitecto vilagarciano acudió a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para pedir que ordene la expropiación y fije un justiprecio por la parcela.
El abogado del Consistorio vilagarciano cursó el escrito de réplica de la demanda a finales del año pasado, y sus argumentaciones echan por tierra las intenciones del que fuera director general de Urbanismo de Madrid. Sostiene el letrado que para conceder las licencias de los edificios «se debió proceder a la urbanización de los terrenos objeto de este expediente, a fin de que la parcela alcanzase la condición de solar. Dicha obra se ejecutó con consentimiento y conocimiento del señor Porto Rey y su esposa y les permitió vender como solares lo que en otro caso debería ser considerado como suelo urbano no consolidado». O dicho de otro modo, sin aquella operación, el negocio para el arquitecto habría sido menos jugoso.
El papel de la pericial
Ravella ha preparado un dictamen pericial encargado a un experto para desmontar las tesis de la demanda, una documentación llamada a jugar un papel clave en el proceso que tramita el TSXG.
Sea como fuere, el abogado del Concello estima que no ha lugar a la compensación económica y advierte que el comportamiento de Porto Rey entraña un fraude de ley. «Dejamos -argumenta- que cada quien califique desde el punto de vista ético la forma de actuar del señor Porto y su esposa, pero desde el punto de vista legal, esta forma de actuar representa un enriquecimiento injusto y un fraude de ley».
El malestar generado por la demanda en el Consistorio es notorio por lo que consideran un proceder «fuera de toda ética» por parte del arquitecto. «Primero se lo llevó calentito con la operación inmobiliaria y ahora quiere pegar un segundo pelotazo con la expropiación», se lamentan fuentes municipales.