La Axencia Tributaria de Galicia reclama 150.000 euros a dos hermanos de Arousa por un dinero legado que no han percibido
26 dic 2018 . Actualizado a las 10:16 h.Si se les pregunta hoy, seis años después del fallecimiento de su querida tía, qué habrían hecho con su herencia, sabiendo lo que ahora saben, su respuesta no admite dudas: «La habríamos rechazado». Se llaman Mariana y Fernando Pérez Fontán, son hermanos, de Vilagarcía, y sobre ellos pende una reclamación a la que difícilmente podrán hacer frente. La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) les exige a cada uno el pago de 75.000 euros por un derecho de cobro, incluido en el legado, que todavía no han percibido. Y probablemente nunca lo hagan, porque depende del reparto de dividendos de una empresa que, a su ritmo actual, tardaría 180 años en satisfacer los 400.000 euros a los que asciende el compromiso.
El problema se remonta al 2009, cuando su tía vendió a Finsa una serie de participaciones que poseía en una segunda empresa, Hermanos García Reboredo, una conocida consignataria de la capital arousana. El acuerdo preveía la entrega inmediata de 46.883 euros. El resto del dinero se le abonaría a la vendedora en cuotas anuales, de valor equivalente al que Finsa percibiría cada año, como dividendo líquido, de la sociedad García Reboredo. Cuando la mujer expiró, en el 2012, el importe pendiente se elevaba a 416.092 euros.
Los hermanos Pérez Fontán -hay un tercero al que el problema no afecta, por la sencilla y prosaica razón de que la Atriga no le notificó en tiempo y forma su reclamación- aceptaron la herencia de su tía, la repartieron y abonaron los impuestos correspondientes. En sus respectivas autoliquidaciones del de sucesiones mencionaron la existencia del derecho pendiente de cobro, pero lo excluyeron de la base imponible. Por puro sentido común, al no haber recibido el dinero, «y porque la propia ley del impuesto de sucesiones prevé que en estos casos condicionados se deban presentar sucesivas declaraciones complementarias a medida que se vaya percibiendo el dinero», explica el abogado arousano Pedro Palomino, que los representa. La agencia, sin embargo, ha revisado sus declaraciones y los obliga a tributar por el importe total del crédito, pese a no haberlo cobrado.
Mariana es veterinaria, una profesional autónoma. Fernando es profesor en la Universidade de Vigo. Ambos viven de sus trabajos. Sus familias carecen de recursos económicos extraordinarios. Ella reconoce, directamente, que no puede abonar 75.000 euros sin caer en la ruina. Un crédito o un aval bancario se le harían muy cuesta arriba. Las perspectivas de su hermano no son mucho mejores. Así que han decidido reaccionar. Pero incluso eso es complicado. La agencia autonómica, dependiente de la Consellería de Facenda, ha rechazado la posibilidad de una tasación pericial contradictoria, que al menos hubiese suspendido la obligación de pago mientras los afectados recurren lo que consideran un «atropello aberrante». Porque la vía de apremio ya está en marcha. Y con ella, la ejecución de los primeros embargos. «Ni siquiera sé si puedo disponer de fondos en mi cuenta, ni si me voy a quedar sin tarjetas en cualquier momento cuando viaje al extranjero, algo frecuente por mi trabajo», lamenta Fernando.
Cartas a Feijoo y a la Valedora
Su abogado subraya que la Atriga está aplicando en este caso el reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuando en realidad se trata del tributo de sucesiones. Tres meses después de presentado el recurso, el Tribunal Económico Administrativo ni siquiera ha abordado el asunto. En el mejor de los casos, su resolución se demorará un par de años. Como última opción se han dirigido por escrito al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y a la Valedora do Pobo para exponerles su situación: «Póngase -le piden al mandatario popular- en nuestro lugar; no es posible en estas líneas hacerle ver la extrema urgencia de la situación, la angustia y la zozobra que se nos está causando». De ahí, al juzgado.