Según la UE, existe un desajuste entre los criterios de los fondos Feder y la ampliación del complejo médico. Sanidade asegura que es una mera cuestión de plazos de obra
11 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En julio del 2014, la Xunta anunció la licitación de la esperada ampliación del Hospital do Salnés. Lo hizo recurriendo al programa de fondos europeos de desarrollo regional (Feder) correspondiente al período 2007-2013. La Administración gallega financió a través de esta vía el 80 % del coste total de una intervención que se elevó a ocho millones de euros, descontando el IVA. Hasta aquí, ningún problema. La sorpresa surgió en noviembre, con la actuación ya prácticamente finalizada, cuando una pregunta del eurodiputado socialista José Blanco reveló que aquel proyecto se había considerado «no funcional». Esto es, no se ajusta a las condiciones marcadas por la concesión de los fondos Feder. Desde entonces, el PSdeG trata de averiguar si esta circunstancia, unida a la inminente reforma de la Lei de Saúde, puede acarrear algún problema a la hora de justificar la inversión. Y, de ser el caso, alguna sanción al Estado español por mala utilización de los recursos económicos europeos.
En diciembre, ante los primeros interrogantes sobre esta cuestión, la Consellería de Sanidade explicó que se trataba de una mera cuestión de plazos. La ampliación se había dilatado, de modo que la Xunta se vio obligada a solicitar una prórroga que concluía, precisamente, con el final del 2017. Los socialistas, sin embargo, presentaron en el Parlamento de Galicia una batería de preguntas que, sin aludir concretamente al Hospital do Salnés, sí indagaban en los proyectos financiados con fondos Feder y la posibilidad de que algunos de ellos hubiesen sido categorizados como no funcionales. Pese al tiempo transcurrido -cuatro meses, cuando el reglamento de la Cámara marca al Gobierno gallego la obligación de contestar en veinte días- los diputados socialistas todavía no han recibido una respuesta.
La pregunta original fue formulada en el Parlamento europeo por José Blanco. El exministro se hacía eco del anteproyecto de ley sanitaria de la Xunta, «con el que se abre la puerta a un proceso de disminución de recursos, de actividades sanitarias y de participación ciudadana en los hospitales comarcales», señalaba Blanco. Entre ellos, el de O Salnés. «En caso de que eso ocurra, la inversión realizada quedará infrautilizada debido al recorte del personal sanitario y de recursos hospitalarios», continuaba el eurodiputado socialista su argumentación, interesándose por los métodos de control de los fondos Feder y por la existencia de multas o sanciones en caso de mal uso de los mismos.
La respuesta confirmó que la propia autoridad española de gestión, en este caso la Xunta, había comunicado que el del hospital «era un proyecto no funcional», lo que obliga al Estado español a «hacer un estrecho seguimiento e informar a la Comisión, con una periodicidad semestral, sobre los proyectos ya concluidos, así como las medidas adoptadas para concluir los restantes». Además, debe garantizar la operatividad de la contribución de los fondos europeos al proyecto en los cinco años siguientes a su conclusión.
La normativa de los Feder permite, en efecto, que los Estados miembros subvencionen proyectos que no estén concluidos y en uso en su plazo correspondiente. Es decir, que no sean funcionales. Para ello, deben comprobar que se cumplen dos condiciones: el coste total debe ascender al menos a cinco millones de euros y la contribución de los fondos europeos no debe ser superior al 10 % de la dotación total del programa. Tras la presentación de la documentación pertinente, el Estado en cuestión tiene un plazo de dos años para concluir los proyectos no funcionales pendientes. El PSOE sigue esperando una respuesta que confirme que todo ha ido bien.
El PSdeG lleva cuatro meses esperando una respuesta en el Parlamento