La nave logística de Sete Pías costó 4 millones de euros y apenas tuvo uso

La plataforma logística Inversa, el centro de reciclaje de residuos que se abrió en el polígono industrial de Sete Pías (Cambados) en el 2011, fue una ruina. Su construcción costó 4 millones de euros y a los cuatro años dejó de operar, facturando solo 200.000 euros y debiéndole al Concello de Cambados 213.000. La nave se financió con dinero público, a través del maná de los fondos europeos, y hoy nadie responde por esta inversión. Por su parte, el Concello, propietario de la nave, tampoco puede hacer uso de ella porque el asunto está en manos de los tribunales. Los datos los dio a conocer ayer el concejal de Economía e Facenda de Cambados, Xurxo Charlín, que compareció ante la prensa con un voluminoso expediente relativo a este caso. En la puesta en marcha de la nave Inversa intervinieron varios agentes. El Concello cedió los terrenos -parte de los cuales podrían pertenecer a Vilanova- y el antiguo instituto para la promoción económica dependiente de la Diputación de Pontevedra, el Ipespo, asumió las riendas del proyecto, contratando las obras y la gestión del servicio bajo el procedimiento de encomienda de gestión. Sercoysa levantó el edificio y la UTE Estévez Container Orensana S.L. y Soil Recovery S.L. se puso al frente de la planta. Los primeros se hicieron con el contrato pese a hacer la oferta más cara. En compensación ofrecían terminar la obra en cuatro meses y medio. Tardaron más de un año, según informó Charlín. A los segundos, se le adjudicó la gestión de la nave tras un primer concurso fallido.

El convenio, papel mojado

Según el convenio firmado en su día, el Concello tenía que percibir 104.000 euros en concepto de canon anual, pero no cobró ni un euro, lo que ha dado lugar a un litigio con la UTE para la reclamación de esta cantidad, cuyo juicio se celebrará en mayo. Ni se pagó el canon ni se hizo la inversión de un millón de euros que estaba comprometida por parte de la adjudicataria y, paradójicamente, acabó siendo la UTE la que llevó a los tribunales al Concello para reclamarle 8 millones en concepto de reclamación patrimonial. Afortunadamente para el Ayuntamiento, el juzgado número 1 de lo contencioso de Pontevedra acaba de fallar a su favor pues, de lo contrario, las arcas locales quedarían totalmente hipotecadas. La empresa todavía está en plazo para recurrir la sentencia.

La UTE sustenta su reclamación en que hubo «errores de cálculo» hasta el punto de que el volumen de residuos que entró en la planta fue un 98 % inferior al estimado. A mayores alegan que hubo «ausencia de protección de la actividad» y que el punto limpio municipal le suponía una competencia que les dejaba sin margen de negocio. Pero el juzgado no estimó sus argumentos. A día de hoy, el Concello no puede disponer de una nave de su propiedad «que podería ser de gran utilidade para xestionar nós os residuos» ni ha cobrado un céntimo por ella. «Parece que o máis importante era facer a obra. No 2007 sobraban os cartos e facíanse investimentos sen planificar», dice el edil.

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