Miles de cartas que amenazan con multas generan un lío en los montes de Catoira
CATOIRA
El Concello deja sin efecto las notificaciones enviadas para urgir la limpieza de parcelas al detectarse numerosos errores en la atribución de la propiedad
25 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Que la Administración tiene sus ritmos lo sabe todo el mundo. Que esos ritmos, en ocasiones, atentan contra el sentido común queda de manifiesto en situaciones como la que estos días se está viviendo en Catoira. El ayuntamiento está adherido a un convenio con la Dirección Xeral de Montes de la Xunta y la Fegamp para mantener limpias y en buen estado las fajas de protección contra incendios. La cosa tiene sentido: se trata de mantener el entorno de las zonas habitadas limpio de maleza y especies arbóreas prohibidas —eucaliptos, pinos, acacias— para evitar que el fuego llame a las puertas de las casas. Lo que no parece tener ya mucha lógica es que la Administración envíe esas cartas a quienes poseen terrenos sin limpiar, amenazándoles con una multa de mil euros si no acometen su adecentamiento de forma inmediata el día 10 de noviembre, cuando la temporada de riesgo de incendios parece haber quedado atrás y la lluvia ha sido protagonista absoluta del tiempo durante las últimas semanas.
Muchas personas en Catoira han recibido la misiva, que lleva la firma del alcalde, Xoán Castaño, «aínda que quen a manda é a Xunta», según él mismo explicó. No son pocas cartas: según datos del ayuntamiento, hablamos en total de «3.351 cartas a persoas titulares coñecidas —unha por parcela de propiedade—, e outras 150 misivas a institucións e colectivos, quedando máis de 2.000 referencias de terreos sen identificar». El Partido Popular de Catoira, por su parte, habla de «case 5.000 cartas nas que se notifica aos veciños que teñen un prazo de quince días para limpar as súas fincas, e de non ser así, ser multados con mil euros».
Por una vez, el PP y el gobierno local están de acuerdo en el fondo del asunto, aunque la responsabilidad sobre la alarma social generada se reparte de forma desigual. Veamos primero, las quejas compartidas. Una vez hecha la comprobación sobre el terreno, la información ha sido muy mal gestionada y hay muchos vecinos que están recibiendo notificaciones por fincas que no son de su titularidad. Se debe esto a que «a Xunta utilizou como base o Catastro, que está sen actualizar en moitos casos», según Castaño. Quienes reciben las cartas y sí son propietarios de los terrenos de los que estas hablan, no siempre pueden limpiarlas: hay terrenos que están completamente saturados de agua, lo que hace imposible el uso de la maquinaria en estos momentos previos al invierno.
Ante semejante nudo administrativo, el alcalde de Catoira, el nacionalista Xoán Castaño, ha decidido tomar una decisión drástica y cortar de raíz: el Concello ha puesto a disposición de vecinos y vecinas un modelo de reclamación para que presenten las alegaciones oportunas en cada caso. Mientras se revisan todas ellas, «as notificacións enviadas polo Concello ao abeiro da Dirección Xeral de Montes quedarán sen efecto, ampliándose os prazos dados na carta, debendo estar as fincas en condicións antes do comezo do período de alto risco de incendios». Aclaran desde el consistorio que «non se enviarán novos avisos nin notificacións, nin se iniciará o proceso sancionador. Tampouco se executarán limpezas subsidiarias». El alcalde señala que «é importante que a veciñanza teña conciencia de manter o monte limpo, sobre todo nas zonas máis próximas ás casas, e tamén é necesario ter man dura coas persoas propietarias de fincas forestais sen limpar, mais non facelo cun proceso administrativo con evidentes datos erróneos».
Del lío que se ha generado en Catoira, donde hay particulares que han recibido hasta catorce cartas conminatorias, acusa el PP local al «Concello co seu pésimo alcalde». El regidor nacionalista, por su parte, informa de que este tipo de cartas están llegando a vecinos de muchas otras localidades, toda vez que es un proceso casi automático para aquellos ayuntamientos adheridos a los planes municipales de prevención y defensa contra incendios forestales articulado a través de la Xunta y la Fegamp, y en el que está implicada también la empresa Seaga, que fue la encargada de realizar una inspección sobre el estado de las parcelas incluidas en las franjas de seguridad.