Los partidos con representación en O Grove se muestran muy cautos y reclaman que el complejo funcione como apartahotel antes que proceder a su derribo
11 nov 2018 . Actualizado a las 20:46 h.El conflicto de Raeiros es de los que logran despertar la indignación de los vecinos de O Grove. Porque muchos consideran que los propietarios de esas viviendas son unos privilegiados que han construido en un espacio totalmente prohibido y a los que nadie parece dispuesto a derribar sus casas. Lo cierto es que los problemas de esta urbanización llevan ya más de una década en los tribunales y que, si se mantiene la línea de las últimas sentencias, la urbanización está condenada a desaparecer. A no ser que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acepte, en algún momento, que la anulación de la parcelación que en su día se hizo del terreno es prueba inequívoca de que el complejo está funcionando, en realidad, como un apartahotel y autorice su continuidad. Esa podría ser la solución más satisfactoria, por lo menos para los grupos políticos con representación en la localidad. A estas alturas, nadie parece partidario de derribar los 52 chalés y todos apuestan porque se les obligue a cumplir la ley y a funcionar como cualquier establecimiento turístico.
«Es una situación complicada, porque es un proyecto que lleva muchos años y toca esperar a que la justicia dicte sentencia», explica la portavoz del PP, Beatriz Castro. En su opinión, si el complejo no se ha derribado es porque todavía no hay sentencia firme. De cumplir la ley hablan también en el Partido Galeguista Demócrata. Acatarán lo que diga la justicia, explica su portavoz Félix Lamas, pero también piden responsabilidades «a quen permitiu iso. ¿Por que se deixou ir arriba se se sabía que era ilegal?», se pregunta.
En el Bloque Nacionalista Galego van más allá. Su solución para este complejo es que «compren un cartel luminoso que poña apartahotel e que fagan un establecemento hostaleiro que dea traballo á xente do Grove», argumenta el portavoz de esta formación, Heladio Outeiro. Insiste en que en la localidad hay gente muy preparada para atender los distintos servicios que tiene un apartahotel. «Se cumpren a lei non tería por que derribarse, pero se insisten en ignorala eles mesmos se están a buscar un problema», afirma. Insiste en que la ley es la misma para todos y reclama que el conflicto «non lle veña de rebote ao Concello pola demolición». De la misma opinión son en Esquerda Unida. «Teñen que facer un apartahotel ou ser derrubados», argumenta su portavoz, José Antonio Otero. Apuesta por cumplir lo que dictamine la sentencia y considera que fue una «aberración» haber permitido en su día esa construcción.
Sacar provecho social
Por su parte el alcalde, José Cacabelos, considera que fue un error haber dado licencia a ese proyecto. «Ahora es una realidad y, visto como funcionan las cosas, dudo que se vaya a acometer su demolición», sostiene. Es partidario de buscar una fórmula que permita «que haya una compensación para O Grove». Aunque no quiere entrar en detalles, apunta a que una posible solución tendría que pasar porque la localidad meca sacara algún provecho de esa obra que redundara en toda la sociedad. Pero considera que, antes de dar ese paso, sería necesario mucho diálogo político y, sobre todo, social. Y es que reconoce que este es un tema que indigna a los vecinos. Todo esto siempre y cuando no llegue una sentencia en firme que obligue a derribar todo el complejo, en cuyo caso ya no habrá más que hablar y será preciso ejecutar la decisión del tribunal.
Cacabelos advierte sobre el uso turístico del suelo rústico
El juez de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra que emitió la última sentencia sobre Raeiros lo tiene claro. Sus promotores, «bajo la apariencia de un uso dotacional privado, cuyo interés justificó en aquel entonces excepcionar y sacrificar la protección especial de un suelo de elevadas características paisajísticas y ambientales» ejecutaron una urbanización privada. Y eso fue posible porque la ley permite que en una parcela de suelo rústico, con una especial protección de Costas, se pueda levantar un apartahotel. El alcalde de O Grove, José Cacabelos, advirtió esta semana de que esta misma situación puede volver a repetirse. Porque la ley de turismo de Galicia permite que en este tipo de suelos se puedan construir un cámping.
«El concepto de cámping ahora incluye proyectos en los que se abren viales, se instalan casetas fijas y se construyen edificios», argumenta. Y los concellos no pueden denegar las licencias a proyectos que vienen con todos los permisos de la Xunta, argumenta el regidor. «Estamos generando proyectos que permitirán urbanizar el suelo rústico», se queja. En su opinión, este es un problema serio, «sobre todo en un pueblo como O Grove», donde buena parte de su suelo es protegido y donde el turismo es uno de sus principales motores económicos.
Cacabelos explica que su gobierno ha elaborado un plan urbanístico «en el que el 80 % del suelo tiene una especial protección ambiental». Pero eso no sirve de nada cuando al Concello llegan proyectos para suelo rústico, cuya gestión depende de la Xunta. «Hay promotores que traen todas las autorizaciones autonómicas, pero quien tiene que otorgar la licencia de obras es el Concello. ¿Quién puede denegar una licencia si tienen permisos?», se pregunta el regidor. Se muestra preocupado porque este tipo de iniciativas pueden contribuir a la urbanización de un suelo rústico que el Concello tiene intención de proteger.