Que estamos en un país de golfos, no hay duda. Pero aquí los políticos rizan el rizo y ofenden todavía más con las explicaciones o justificaciones: que a estas alturas Alí Babá diga que no sabía que estaba con los 40 ladrones debería ser otro delito. Tampoco se habla poco del entramado de grandes empresas que viven en la impunidad, con normas hechas a su medida, desoyendo incluso a los tribunales, sangrando a los ciudadanos. Bancos y eléctricas se llevan la palma, pero hay más.
Hace unos días, cuál es mi sorpresa al ver la factura del teléfono y observar que por una llamada al 11866 me cobraban más de siete euros. Ante la certeza de no haber realizado tal llamada, sospechando algo raro, busco en Internet «11866 estafa» y me aparecen 2.370 entradas. Organizaciones y usuarios hacen denuncia pública de esta presunta actividad delictiva que afecta a miles de personas. El modus operandi es captar llamadas a través de un primer número gratuito que te deriva al de pago o simplemente personas a las que les aparecen llamadas sin haberlas hecho (mi caso).
Puesto al habla con mi operadora -R-, me dicen que ellos se limitan a facturar las llamadas realizadas, a lo que contesto que quién les da esa información y si conocen las miles de denuncias hacia ese número en particular.
Ante mi firmeza, me invitan a devolver la factura y que ya me comunicarán un nuevo importe. Días después me fijan la cantidad a pagar, descontando esa llamada inexistente, lo cual me confirma que ellos conocen perfectamente la situación pero no hacen nada para proteger a sus clientes. A la Administración, ni se la espera.