La vorágine de los acontecimientos en la sociedad actual nos hace olvidarnos pronto de muchos asuntos. Eso me ha ocurrido con el cuarto aniversario de la operación Jaro, en la que fueron detenidas nueve personas a finales de octubre del 2015 y tres más en el 2017, en la que se llamó operación Jaro II. Se les detenía por su relación con Causa Galicia y Ceivar, herederas -según Interior- de las organizaciones de apoyo a Resistencia Galega, tras declararse este grupo como terrorista a raíz de una sentencia del Supremo en el 2014. Ahí fue detenido nuestro vecino Cake.
En aquel momento se desconocía mucho de la investigación y de las pruebas que la impulsaron, pero sí recuerdo una puesta en escena que a los presentes nos pareció sobreactuada. Sensación que fue en aumento con el paso del tiempo. Lo que se ha ido conociendo de la instrucción parece más un suflé para acongojar a los ciudadanos y que les dé razones de existir y colgarse medallas que algo de enjundia. Pero esos disparates acaban con que se solicitan por el Ministerio Fiscal penas de 6 a 12 años para los encausados, en el juicio que se celebrará a mediados del 2020.
Me viene a la cabeza Altsasu, donde unos muchachos fueron castigados con penas desmedidas por cometer un error. Una sentencia criticada tanto a nivel nacional como internacional, más llamada a la venganza que a hacer justicia, y que fomenta el odio y el rechazo de una amplia parte de la sociedad navarra.
Ojalá el pueblo de Boiro muestre su apoyo a Cake y los ánimos para afrontar tan delicado momento. Porque él y su familia son nuestros vecinos, porque es injusto.