El impuesto de sucesiones que pretenden implantar en todo el estado afectaría solo a los más humildes y sería la estocada para el patrimonio gallego y la Galicia rural. En una sociedad transformada como la nuestra, en la que más de la mitad de la población emigró del rural a las ciudades, las aldeas se van vaciando porque no les encontramos utilidad.
Aceptamos heredar las casas de aldea de nuestros padres porque no tenemos que pagar impuestos por ello -solo la notaría y el registro de la propiedad-, pero gran parte de la población renunciaría a ese patrimonio si tuviera que pagar el diez por ciento del valor que le asignan.
Un autónomo jubilado, que cobra unos 700 euros de pensión, no puede pagar 30.000 euros para heredar las dos casas rurales de sus padres: no hace falta explicarlo. Muchas personas que ingresan pensiones no contributivas de 450 euros tendrán que renunciar a heredar incluso la vivienda en la que viven. Porque heredar un piso urbano antiguo de 150 metros cuadrados puede costarles 40.000 euros que no pueden afrontar. Se quedarán en la calle, y un fondo buitre lo comprará y dividirá en apartamentos.
Algo que no se dice es que nosotros no podemos compararnos con los vascos o catalanes, cuyos ingresos y pensiones duplican las nuestras, y los que heredan más de un millón de euros, en Galicia siempre pagaron el impuesto y seguirán pagándolo, pero es una proporción ínfima de la población. Miles de personas humildes renunciarán a su herencia rural, que pasará a manos públicas y no sabemos qué destino tendrá. El patrimonio desvanecerá y nuestro rural acabará arruinado.