Me contaban de un conocido empresario que, cuando requería las cuentas a su contable, este, abriendo el libro mayor del Debe y Haber, le mostraba los números que allí figuraban y que casi siempre eran deficitarios. Entonces, el bueno del empresario, miraba fijamente al probo contable y le soltaba aquello de: «¡Sempre igual! ¡Debe haber pero non hai!».
Algo así sucede con las cuentas municipales de algunos concellos. Me refiero a los enormes sobrecostes que se producen en cada obra que se acomete.
Todos sabemos que pueden producirse desviaciones presupuestarias a lo largo de un ejercicio. Bien es verdad que las desviaciones pueden ser en contra o a favor. O sea, gastar más de lo que se pensaba o gastar menos. Desgraciadamente, todavía no conozco obra alguna en Barbanza cuyo coste presupuestado fuese inferior a lo que finalmente costó. Y si dicho caso existe, convendría sacarlo a la luz con bombo y platillos para mayor tranquilidad de los vecinos y por ende, mayor confianza en quienes nos gobiernan.
Últimamente, debido a la renacida vorágine constructora del período pospandemia, se viene hablando de los sobrecostes de las obras de los concellos barbanzanos en general.
Tal vez o quizás por las cuantiosas ayudas que reciben de las diferentes administraciones, los ayuntamientos, como si fuese algo normal por lo habitual, incurren en tamaños sobrecostes que semejan un pozo sin fondo. Ante tales desviaciones presupuestarias se ve lo fácil que a algunos les resulta disparar con pólvora ajena.
¿Se imaginan ustedes que esto sucediese en una empresa privada —tal que la del empresario del que les hablaba— al que se le produjese un desfase continuado en las cuentas del Debe y del Haber? Pues que exigiría responsabilidades a quienes hubieran elaborado las bases de licitación de las obras sin preocuparse de la realidad de los costes e incluso de la previsión contractual de las posibles subidas de precio de los insumos.
Pues lo mismo debería suceder cuando un concello adjudica una obra y el coste final se le dispara, provocando una desviación presupuestaria y un sobrecoste de difícil justificación. Y lo que todavía es peor: creando desconfianza en el administrado menos suspicaz ante tanto desajuste.