El comité de empresa carga contra la mancomunidad y denuncia el absoluto abandono de la planta de Servia
BARBANZA
Los trabajadores exigen la intervención de la Xunta para garantizar el futuro del servicio
23 ene 2024 . Actualizado a las 20:17 h.En los últimos meses, el comité de empresa de planta de tratamiento de basuras de Servia se ha mantenido en segundo plano con la expectativa de ver cómo mancomunidad Serra de Barbanza —propietaria de las instalaciones— y FCC —firma encargada de la gestión— resolvían la papeleta del fin de la concesión sin un acuerdo previo para la prórroga del contrato, pero en vista de la falta de avances que garanticen el futuro del servicio han dado un golpe sobre la mesa para denunciar el estado de «absoluto abandono» en el que se encuentra el recinto.
La lista de quejas de los trabajadores es larga, y apuntan directamente como responsable a la «manifesta incapacidade da Mancomunidade Serra do Barbanza para xestionar adecuadamente este servizo». Añade Paulo Rubido, presidente del comité de empresa, que los problemas se arrastran desde hace más de una década por la falta de mantenimiento, conservación, renovación y adecuación de la planta a los cambios normativos. Como ejemplo paradigmático de esto puso la situación de la flota de vehículos, que debería haberse renovado en el 2013 y no se hizo, con lo que «de xeito continuo rexístranse eivas na recollida diaria polo mal estado dos camións».
Contrato caducado
Otra cuestión que preocupa a los trabajadores es la caducidad del contrato con FCC en septiembre del año pasado «sen que a mancomunidade fixera absolutamente nada: nin prepararon os novos pregos, nin pactaron prórroga coa empresa, tendo que ir a unha forzosa que implica unha actualización dos prezos e pagar por facturación».
Y no menos importante es el problema que se presenta ante la inminente colmatación del vertedero, que ya ha superado su capacidad de asumir rechazos, lo que provoca que en el recinto se acumulen desperdicios que no pueden reciclarse a la espera de ser enviados en camión a Sobrado. La lista de denuncias sigue con la pérdida de una subvención de Medio Ambiente y la reducción de la financiación de Ecoembes por no adaptarse al nuevo sistema establecido por la Unión Europea: «Dende xaneiro estase perdendo un millón de euros, o 50 %, do financiamento achegado por Ecoembes».
Múltiples deficiencias
En lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de basura, desde el comité de empresa apuntan a que su estado es «deplorable», y aportan una larga lista de graves deficiencias, empezando por las líneas de triaje, que, aseguran, no cumplen las mínimas condiciones de seguridad.
Añaden que una de las naves del complejo acabó destrozada durante un temporal y nunca volvió a reconstruirse, el mal estado tanto de la flota de camiones como de la maquinaria utilizada en la planta y en el recinto se amontonan toneladas de residuos de rechace, es decir, que no pueden reciclarse y que no tienen cabida en el vertedero.
Ante esta tesitura, y el «absoluto pasotismo» de FCC ante la situación de la planta mientras «ninguén se ocupa de comprobar que cumpre coas súas obrigas como concesionaria» los trabajadores exigen la intervención de la Xunta «para garantir unha xestión adecuada e o mantemento dos máis de 160 empregos». Para ello, solicitarán reuniones con todos los grupos con representación parlamentaria y trabajarán para que la Administración gallega tenga participación en la gestión de la planta de Lousame, bien sea mediante un convenio de colaboración o bien con su integración en la red de tratamiento autonómica manteniendo su modelo específico.
En este sentido, apuntan que la Xunta necesita plantas de elaboración de compost para adaptar a la normativa europea sobre tratamiento de residuos orgánicos, y ahí es donde tendría encaje la integración de las instalaciones de Servia: «Chegados a este punto, é case unha obriga que a Xunta tome as rendas desta planta e continúe co modelo que no seu día demostrou ser exitoso, que se adapte á normativa europea e que este proceso se faga dende o consenso político», concluyó Rubido.
Ni la mancomunidad ni la empresa concesionaria se han pronunciado sobre las cuestiones denunciadas por los representantes de los trabajadores.