Las pruebas de una estafa cometida a más de 1.000 kilómetros de distancia acaban por error en los juzgados de Noia

El Tribunal Supremo ha tenido que interceder para aclarar qué juzgado debía asumir un caso de estafa cometido en Murcia. El asunto no tendría nada de peculiar si no fuese porque las diligencias de lo ocurrido fueron entregadas en Noia, a más de 1.000 kilómetros del lugar de residencia de la persona afectada por el presunto delito.

Fue en el año 2023 cuando una mujer residente en la localidad murciana de la Santomera denunció ante la Guardia Civil que había sido víctima de una estafa. Explicó que había facilitado las claves de su tarjeta de crédito al ser víctima de un engaño y que, como consecuencia, le habían retirado 350 euros de su cuenta de ahorro.

Tras las investigaciones realizadas por el instituto armado, se estableció que el teléfono desde el que recibió la llamada que detonó en la estafa estaba vinculado a un hombre residente en Córdoba. Asimismo, la titularidad de la línea correspondía a un individuo con domicilio en Zaragoza. El dinero fue a parar a una cuenta de una persona de la que se desconocían más datos, mientras que la transacción se ejecutó desde una empresa que cuenta con sedes en León, Madrid y Alcobendas.

Una vez finalizadas las pesquisas, la Guardia Civil envío las diligencias practicadas a los juzgados de Noia sin ningún motivo aparente. El Tribunal Supremo concluyó en su resolución que en los hechos investigados «no existe relación alguna con la localidad de Noia», por lo que la competencia le fue trasladada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Murcia.

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