Condenados a 2 años y 3 meses de prisión por vender gel hidroalcohólico hecho con aguardiente en un gallinero de Boiro
BARBANZA
Los dos procesados no entrarán en la cárcel a cambio de abonar una multa de 1.460 euros y de no volver a delinquir en 24 meses
21 may 2024 . Actualizado a las 17:50 h.José Antonio Sánchez y Juan Sampedro han sido condenados a 2 años y 3 meses de prisión por vender gel hidroalcohólico hecho con aguardiente en un gallinero de Boiro durante los primeros meses del estado de alarma por la pandemia. La resolución llegó después de que el abogado de la defensa y el Ministerio Fiscal alcanzasen un acuerdo por el que se modificaban varias apreciaciones del escrito de calificación de los hechos. También se incluyó un atenuante por la reparación del daño relacionado con el pago de indemnizaciones a los afectados.
El titular de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña sentenció que lo ocurrido constituía un delito continuado de estafa y otro contra la salud pública. Sin embargo, los procesados no entrarán en la cárcel a cambio de abonar 1.460 euros en concepto de multa y de no volver a delinquir en 24 meses.
Para entender el procedimiento hay que remontarse al 2010, último año en el que tuvo actividad la empresa Quimicalsa, de la que formaba parte José Antonio Sánchez. Una década después, el nombre de la firma volvió a salir a la palestra debido a que, tal y como valoró el tribunal, Sánchez se hizo pasar por el propietario de la misma durante el operativo de fabricación de gel hidroalcohólico que comenzaron con la pandemia.
La sala consideró probado que los acusados aprovecharon la gran demanda de dicho producto que había en el año 2020 para enriquecerse de forma ilícita. Para ello comenzaron a elaborar gel hidroalcohólico sin estar autorizados y con plena consciencia de incumplir la legislación aplicable. El gel carecía del mínimo exigible de etanol, sustituyéndose el componente por metanol de aguardiente, según los análisis del Instituto Nacional de Toxicología.
Quejas de clientes
La trama urdida por los dos acusados comenzó a desmoronarse cuando el principal comprador de su producto, una empresa de distribución, comenzó a recibir quejas por parte de sus clientes. Por ello, la compañía realizó comprobaciones en las que acreditó que el gel no presentaba la composición que prometían Sánchez y Sampedro.
Los negocios en los que acababa el producto denunciaron que desprendía un fuerte olor a aguardiente, por lo que procedieron a la devolución del producto. A raíz de estas irregularidades, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia abrió una investigación que culminó en el registro de un gallinero de Boiro que los acusados habían convertido en un «laboratorio clandestino».
Allí fueron intervenidos 400 de los 6.000 litros de gel que se decomisaron en el marco de las actuaciones. Al mes siguiente, uno de los acusados rompió el precinto policial y se apoderó de varios envases de gel que acabó vendiendo en negocios de Dodro, Padrón, Lousame, Ribeira y Portosín, entre otros.
Por todo ello, la Fiscalía solicitaba en primera instancia una pena de 8 años y 2 meses de prisión para cada uno de los acusados. Sin embargo, tras mantener una reunión de algo más de dos horas con el abogado de la defensa, decidió rebajar su solicitud teniendo en cuenta el atenuante de que los encausados habían consignado un total de 3.718 euros para repartirlos entre las empresas que cayeron en la estafa para así subsanar los daños.
Finalmente, el Ministerio Fiscal pidió para José Antonio Sánchez y Juan Sampedro sendas penas de 21 meses de cárcel por un delito continuado de estafa y 6 meses por uno contra la salud pública. Una vez ambos implicados reconocieron los hechos, el presidente del tribunal dio el visto bueno a la solicitud, declarando la firmeza de la sentencia.
En la misma quedó reflejado que los condenados no ingresarán en prisión a cambio del pago de una multa de 4 euros al día durante 12 meses. Por último, también se reseñó que todas las remesas de gel y la furgoneta en la que las repartían por el área de Barbanza serían confiscadas de forma permanente.