Dávila Ouviña tenía 10 millones en el banco antes de su arresto y no devolvió las subvenciones
A POBRA DO CARAMIÑAL
La fortuna amasada en ayudas por este gallego, que se benefició de un plan de reindustrialización en Andalucía, sigue desaparecida
12 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso judicial abierto en el 2011 contra el empresario gallego Dávila Ouviña, que amasó en Andalucía más de 20 millones de euros en subvenciones procedentes de tres Administraciones, sigue en fase de instrucción en el Juzgado Número 4 de Cádiz. Lo curioso es que en este tiempo nadie ha sabido explicar, ni recuperar, esa fortuna hecha a base de dinero público que tendría que haber servido para crear empresas que nunca existieron, o que llegaron a fundarse pero con unas pretensiones muy por debajo de las defendidas en los proyectos iniciales. Ahora, ha trascendido que poco antes de saltar el escándalo este barbanzano tenía 10,6 millones de euros en diferentes cuentas, procedentes de las citadas ayudas, que Dávila pudo sacar de su oficina bancaria sin problema. Eso sí, el dinero sigue en paradero desconocido.
Otro dato que llama la atención de todo lo relacionado con este proceso judicial, y su investigación policial, bautizada operación Bahía de Cádiz, es que los agentes de la Udyco de Sevilla que llevaron el caso aseguraron en sus diligencias que «el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios. Su recuperación es improbable; empresarios que gestionan sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tenían patrimonio a su nombre».
Un informe interno hecho por la entidad bancaria en la que Dávila tenía su dinero, Caixabank, fechado el 10 de diciembre del 2010 y que es anterior al inicio de la investigación policial, revela que tanto él, como algunos allegados suyos, tenían en una sucursal de la entidad catalana en A Pobra do Caramiñal los citados 10,6 millones. Dicho informe, en uno de sus primeros anexos, incluye una relación de cuentas titulado Sociedades vinculadas al señor Alejandro Manuel Dávila Ouviña.
La relación incluye 50 cuentas bancarias que, en muchos casos, son de empresas creadas para beneficiarse de las ayudas concedidas entre el 2008 y el 2011 por el Gobierno central, a través del Ministerio de Industria, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz. Del medio centenar de cuentas, y a 10 de diciembre del 2010, cuarenta eran de empresas que ya no estaban activas, y en donde este barbanzano figura como accionista en la gran mayoría con participaciones de 100.000 y 50.000 euros. Aún así, muchas conservaban dinero que al sumarlo arroja la cifra de 10,6 millones que, a día de hoy, nadie puede decir a dónde fueron a parar. Lo que está claro es que ninguna de las Administraciones implicadas recuperó ni un euro. Entre los saldos a los que Dávila Ouviña tenía acceso antes de cancelar sus cuentas en Caixabank figuran, entre otras, cantidades relevantes como la de la firma Soluciones Tecnológicas Ambientales S.L., que tenía 2.385.576 millones; Soluciones Tecnológicas Marinas S.L., con 545.041; Jellyfishing S.L., con 1,3 millones; o Aquandalucía S.L., con 550.332 euros.
2009 y 2010, años clave
El grueso de las citadas cuentas bancarias de sociedades vinculadas a Dávila Ouviña se crearon entre el 2009 y el 2010, que fue cuando empezaron a aprobarse las polémicas ayudas. Lo curioso es que nadie detectó, antes de hacer oficial la entrega de subvenciones, que esas empresas y sus cuentas eran de reciente creación y apenas tenían capital.
En el mismo análisis interno realizado por CaixaBank contra su cliente Alejandro Dávila Ouviña se constata que el principal acusado, y presunto líder, tenía en ese momento a su nombre 239.409 euros. Mientras, su pareja, según el mismo anexo del informe interno, contaba en otra cuenta personal con una cantidad nada desdeñable: 3,3 millones de euros.
La trama que derivó en proceso político
El plan Bahía Competitiva surgió para reindustrializar el puerto de Cádiz tras el cierre de importantes empresas. La iniciativa contó con decenas de millones de euros para crear compañías y de ahí surgió esta trama que acumula numerosos imputados entre los que se encuentran excargos públicos del Ministerio de Industria, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz. La causa ha derivado en un macroproceso.