El 54 % de la superficie de monte de la comarca está en manos de pequeños propietarios
12 jul 2019 . Actualizado a las 12:58 h.El apego a la tierra y, hay que admitirlo, al marco que delimita la propiedad de cada cual, es una de las características que siempre se ha ligado a la idiosincrasia gallega, que va irremediablemente asociada al minifundismo y que admite pocas excepciones. De hecho, la fragmentación del terreno no se limita a la actividad agrícola y es igualmente evidente en el caso de la masa forestal, una atomización que no es ajena a la comarca, más bien al contrario, y que complica tanto la gestión de los montes como las tareas para prevenir los incendios forestales.
Esto último queda patente tras la intensa campaña que se ha desarrollado en los últimos meses para cumplir con las franjas de protección que fija la Lei de Montes. La normativa establece la obligación de mantener limpias las parcelas y eliminar especies como pinos y eucaliptos en un radio de varios metros en torno a carreteras y núcleos de población. Un breve recorrido por cualquier municipio de la zona basta para comprobar que hay quien cumple y quien no, y que con frecuencia las parcelas de unos y otros no ocupan grandes superficies de terreno. De hecho, según los datos de la Consellería de Medio Rural, en Galicia hay más de 650.000 propietarios, con lo que toca a entre dos y tres hectáreas por cabeza distribuidas en una decena de parcelas.
En los municipios del área barbanzana la situación es más o menos similar. No en vano, si se toma como referencia la superficie forestal que abarca el distrito forestal IV, el 54 % del total está en manos de particulares. Es decir, que de las 66.790 hectáreas existentes, 36.131 pertenecen a pequeños propietarios.
Monte comunal
El terreno que está gestionado por comunidades de montes asciende a 24.727 hectáreas, con lo que resulta que apenas el 9 % de la superficie forestal total es pública, unas 5.900 hectáreas.
Esta fragmentación del terreno, sobre todo en lo que respecta a los pequeños propietarios, tiene sus contratiempos. En superficies de escasas dimensiones resulta muy complicado realizar una correcta gestión del monte y la rentabilidad cae en picado. Expertos en la materia explican que las parcelas pequeñas resultan impracticables y es complicado equilibrar las producciones para hacerlas rendir.
Por otro lado, este minifundismo también multiplica el trabajo de control del cumplimiento de las franjas de protección, ideadas para prevenir la propagación de los incendios. Concellos y distritos forestales se encargan de ello, de momento, informando sobre la obligación de realizar las talas, pero la norma prevé sanciones importantes, además de la intervención de la Administración de forma subsidiaria. En este sentido, por parte de la Dirección Xeral de Defensa do Monte se incide en que siempre es más beneficioso actuar voluntariamente: «La actuación subsidiaria conlleva un gasto mayor para el usuario. La Administración se encarga de la gestión de la masa forestal, pero pasa los costes al propietario y una sanción, e incluso puede decomisar el arbolado de la parcela».
La campaña informativa iniciada hace unas semanas por los distritos forestales sobre la obligación de talar las especies coníferas dentro del ámbito de las franjas de protección que establece la normativa para vías de comunicación y núcleos de población está dando sus frutos, y aunque hacer cumplir la normativa es competencia municipal, la Administración autonómica permanece vigilante. En este sentido, el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto, reconoce que los avances en esta materia se hacen evidentes en el propio paisaje, aunque todavía queda mucho por hacer.
«Empieza a haber un nivel elevado de concienciación sobre las franjas forestales. Prioritariamente, nuestras acciones se centrarán ahora, sobre todo, en el entorno de las parcelas en las que los dueños sí han cumplido con sus obligaciones, porque no puede ser que alguien que ha talado su propiedad la tenga rodeada de otras sin limpiar», explicó, al tiempo que indicó que la obligación de hacerlo no es un capricho de la Administración: «Tiene que ver con la seguridad y con la vida de los gallegos, que viven con inquietud cada verano por el abandono de su entorno». Sobre el minifundismo, asume que, ciertamente, puede ser un problema porque ayuda al abandono del terreno forestal, pero también tiene sus ventajas: «Conlleva que los costes de mantenimiento sean más pequeños y, por tanto, asumibles. Es más caro gestionar la biomasa de una parcela que lleva 20 años abandonada, pero si se realiza una vez al año se abarata».