Las esperanzas en la causa penal del Prestige acabaron como el petrolero: hundidas. Así quedó también la imagen del Estado, con la sensación generalizada de una escandalosa impunidad para los causantes de una de las más grandes desgracias medioambientales de la historia del país y la apreciación de que los poderosos se van de rositas mientras las cárceles se atiborran de delincuentes de tres al cuarto. La Costa da Morte sufrió un colapso hace once años. Pasó mucho tiempo, pero las imágenes de la desolación negra permanecen imborrables en la memoria. El mar de nuestro Fisterra convertido en un vertedero maloliente y sus rocas pringadas con los desperdicios escupidos por el vientre el barco. Las gentes del litoral vieron su futuro tan oscuro como el chapapote. Gracias al esfuerzo ímprobo de miles de manos solidarias se aclaró. El caso ya estaba visto para sentencia desde hace tiempo, desde cuando la instrucción renqueaba porque en el juzgado de Corcubión ni siquiera había medios materiales ni personales suficientes para enfrentarse a un laberinto judicial. Los magistrados no pueden condenar a quien no está sentado en el banquillo y allí solo había tres jubilados. Eso era sabido antes de la celebración del macrojuicio. Una gran tragedia medioambiental que asombró al mundo entero, como la del Prestige, no puede ser instruida en un juzgado de pueblo. Es un caso con repercusión internacional e implicados de varios países. Si la operación Nécora se mereció a Garzón en helicóptero, la marea negra, también. Pero hay más, el proceso penal no es reparador: la condena del asesino no resucita al muerto. Los autores de la sentencia tenían que buscar acciones criminales concretas, no la respuesta a la indignación de millones de ciudadanos ahora defraudados por un fallo judicial con una única condena, la de Mangouras, nueve meses por desobediencia. Es como si en un partido de fútbol con bronca, agresiones y una docena de lesionados, el árbitro solo amonesta al que fue a protestarle. Ahora queda pendiente la vía civil, la única esperanza para los que perdieron sus haciendas. Hay empresarios que tuvieron que echar a sus empleados a raíz del naufragio de la bañera flotante. No han sido resarcidos del desastre, que se vio agravado por el paseo del maltrecho petrolero por el Atlántico con el patrocinio del Estado mientras escupía la inmundicia que llevaba en sus entrañas. Mientras en Francia los tribunales le echaron el guante a Total por el desastre del Erika, ya que tuvo que indemnizar el derrame con 200 millones de euros, más la multa de rigor, aquí hay gente inocente que está a la espera de que algún día le resarzan de los daños sufridos. En el Prestige, los piratas que tenía detrás, quedaron impunes. Parece la conclusión perfecta a todo el esperpento vivido hace una docena de años. Lástima que al menos no hayan quedado unos hierros retorcidos del petrolero como reclamo turístico. Parece el sino de esta tierra: sufrir los desastres naturales y humanos como si fuesen una abstracta predisposición del destino.