El decreto ha supuesto, en principio, un contratiempo para los viejos vendedores
09 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La entrada en vigor del decreto de la Xunta que regula la comercialización de productos agrarios, creó bastante desconcierto y desconfianza en las zonas rurales. En apariencia, esta ley tiene, además de fiscalizar las transacciones en mercados y ferias, un objetivo final encubierto: controlar, entre otros, a los pensionistas la venta de productos agrarios comercializados directamente en los mercados tradicionales -as feiras-, productos que proceden de pequeños excedentes y que, hasta ahora, ayudaban a complementar sus mermados ingresos. Esto va a suponer, de momento, por mucho que quieran disfrazar su impacto, un duro golpe a las ferias y mercados tradicionales, además de al bolsillo de los pensionistas del agro gallego.
Ferias a la desbandada
Lo anterior trae a colación una situación reseñada en la revista Alborada, de Buenos Aires, publicada en el mes de agosto de 1928 con el título de Ferias a la desbandada, poniéndolo en relación a otro trabajo aparecido en el número del mes de abril anterior, y que estudiaba la última reglamentación que afectaba a los mercados y ferias que se celebraban en las comarcas de Soneira y Fisterra, poniendo de manifiesto los graves perjuicios que de dicha reglamentación se derivaban para las ferias de la zona, algunas de las cuales, en virtud de aquellas disposiciones, habían sido reducidas a un mínimo de turnos en el año.
El problema esencial que se hacía valer en aquel entonces para que las ferias pudiesen seguir celebrándose, era la existencia de una báscula en cada una de ellas. Y esta exigencia entrañaba, moralmente, según la revista, un absurdo administrativo, dado que involucraba en sí una especie de extorsión, aunque las autoridades de la época seguían aferradas a dicha exigencia originando con tal medida un serio trastorno económico a los agricultores y ganaderos de las dos comarcas que hemos citado.
Sin duda, era muy difícil y costoso en aquellos tiempos dotar de básculas a las ferias y mercados, con el añadido que ofrecía el concepto de la distancia con respecto a los inconvenientes que presentaba el suelo de nuestra tierra y la carencia de vías de comunicación o medios de transporte, prácticamente inexistentes, e igualmente el clima y otros factores de orden económico y ético.
Ante esta situación, en algunos pueblos surgieron suscripciones públicas para adquirir las básculas exigidas, presionando también a los Ayuntamientos para que fuesen ellos los que acometiesen las inversiones, prometiendo en algunos casos devolver los aportes que se habían requerido a los vecinos, intención que no llegó a materializarse. Pero nada de esto fue entendido ni tomado en consideración por las autoridades del ramo, prevaleciendo el prurito de hacer cumplir ciegamente la ley, y nada más, mientras las consecuencias por graves y sensibles que ellas pudiesen ser, carecieron de importancia para el caso.
El último domingo de julio de 1928, estando la feria de San Isidro en Quintáns-Muxía en plena acción, al grito de «no hay báscula!» fue disuelta por la Guardia Civil como quien dice a culatazos.
La desbandada precipitada de la gente con sus haciendas, mercancías y frutos que cada cual tenía, fue angustiosa y triste y esperpéntica. Muchos paisanos tuvieron que ceder sus mercancías y frutos a acaparadores improvisados y a precios ruinosos, para no regresar cargados con ellos a sus lejanos lugares de origen; otros se instalaron en los caminos y encrucijadas, algo alejados del lugar de celebración de la feria, para aliviar sus cargamentos y ultimar transacciones.
En fin, que fue un lastimero desorden provocado no por ningún ciudadano recalcitrante y avieso ni protestón, sino por la medida inconsulta de una ley del todo inadecuada y prácticamente mala para las comarcas que estaban afectadas.
El autor de la noticia recomendaba a los representantes políticos locales que encarasen el estudio de la situación, con la delicadeza y el interés que requería, presentando conjuntamente al gobernador civil o autoridad competente la exposición de las necesidades de la comarca con respecto a sus mercados y ferias, a fin de que corregir algunas de las disposiciones de la ley, haciéndola más adaptable y por ende más beneficiosa para nuestros pueblos y sus gentes, una reglamentación con defectos fundamentales que en vez de servir para ordenar y moralizar una situación, parecía que la empeoraba y la viciaba.
Motivo de preocupación
Eso pasaba en 1928. Y, hoy, mientras se intenta fiscalizar a los menos favorecidos, convivimos con la tan extendida corrupción política y empresarial, con la evasión fiscal de los que más recursos generan, con las cuentas en Suiza y demás paraísos fiscales, con la sinvergonzonería, la desvergüenza, el despilfarro y el populismo de muchos políticos que no miran para los sectores en donde sí existe la verdadera economía sumergida, cerrando muchos votantes las ventanas para no mirar tanta podredumbre. Por eso que, es indudable que los paisanos que hasta ahora daban salida en las ferias a su reducido excedente, además de sufrir por la fragilidad del consumo actual que ha bajado significativamente, ven en el decreto de la Xunta de Galicia un serio motivo de preocupación.
GALICIA OSCURA, FINISTERRE VIVO
En el año 1928, un cambio de norma también afectó a los labradores