Alcaldes de la Costa da Morte aplauden el anteproyecto que tramita el Parlamento
03 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Los propietarios de Bens de Interese Cultural de Galicia están obligados a mantenerlos en buen estado, pero muchos de los que hay en la Costa da Morte son o serán, en un futuro próximo, pura ruina. Algunas viviendas se encuentran en tan mal estado que suponen un riesgo para los peatones o se han convertido en nidos de alimañas. Gran parte del patrimonio arquitectónico de la comarca se viene abajo y muy poco se está haciendo para evitarlo.
En el Parlamento de Galicia está en trámite la Lei de Rehabilitación e de Rexeneración Urbana de Galicia. De momento es solo un anteproyecto, pero ha despertado el interés de los alcaldes de la Costa da Morte, que se encuentran con muchas dificultades para intervenir ante la degradación de construcciones que forman parte de la historia de la zona.
Se cae la casa del almirante Mourelle da Rúa en Corme, la del obispo Maximino Romero de Lema en Baio, la del senador y ministro Manuel Varela Limia en Malpica y la de Alejandro Campos Ramírez, Alejandro Finisterre. Todos estos personajes han sido homenajeados de varias formas, pero los concellos han sido incapaces de hacerse con las viviendas que habitaron y que corren serio peligro de desaparecer, al igual que casas rectorales y pazos.
En muchos casos, un número cada vez mayor de herederos sin interés por la propiedad impiden la rehabilitación, pero en otros se trata de pura desidia.
Con la nueva ley, la Administración podrá tomar cartas en el asunto porque tendrá en su mano la capacidad de expropiar, lo que para algunos titulares será un alivio, ya que se sacarán responsabilidades de encima.
También habrá esperanzas para cascos antiguos, como los de Corcubión y Fisterra, que languidecen sin remedio. La Xunta podrá cobrar una tasa por viviendas abandonadas y utilizar el dinero para regenerar los barrios.
Para la inmensa mayoría de los alcaldes, el hecho de que la Xunta legisle sobre este asunto les quita un gran peso de encima. «Sentes unha gran impotencia cando ves como cae o patrimonio», dice el alcalde de Zas, Manuel Muíño, aunque en este asunto hay unanimidad de todos los partidos. «Os procesos son moi longos para declarar ruína e con risco para a xente», dice el alcalde de Malpica, Eduardo Parga.
«O valor catastral non é o mesmo no rural»
Para el alcalde de Vimianzo, la defensa del patrimonio es fundamental y su idea es llegar a levantar en Boallo, en la parroquia de Berdoias, «un museo do réxime medieval en Galicia». Considera Manuel Antelo que la ley «é boa idea», pero ve algunos problemas como el valor catastral, que no es igual en la zona rural o en las ciudades, mucho más bajo que el de mercado, por lo que hay más peligro de especulación. Cree que la Iglesia debería reflexionar y ceder la propiedad a la Administración para erradicar «esa imaxe de ruína e deterioro».
«Prefiro os incentivos ás expropiacións»
En Ponteceso hay varias situaciones que precisan de atención. La casa de Mourelle se cae, al igual que las Torres de Tallo, el único BIC del municipio. El alcalde, Lois García, cree que es importante incentivar a los propietarios, sobre todo en «municipios periféricos que van no tren de atrás dos datos socioeconómicos». Para esos casos «hai que crear as condicións para que os propietarios teñan ganas de restaurar as vivendas». Pero entiende que hay herencias difíciles.
«Gústame chegar a acordos se é posible»
En Cabana la prioridad ha sido conseguir la Torre de A Penela, un BIC que se está desmoronando. A pesar de los pasos dados no han podido cerrar la compra por un problema de documentación. Más fácil ha resultado ser la cesión de la casa rectoral de Cesullas, que se dedicará a Saturnino Cuíñas. Hay un plazo de 25 años, que puede renovarse. El regidor prefiere llegar a acuerdos con la Iglesia y que tras las obras la edificación quede para los vecinos, lo que no suele tener vuelta atrás. Las obras empezarán pronto.
Varios concellos se plantean hacer aportaciones a la nueva norma para atender sus casos
La mayor parte de los alcaldes de la zona se plantean realizar aportaciones a la futura ley, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. El regidor de Corcubión, Manuel Insua, ya ha anunciado que enviará sus propuestas al grupo parlamentario del PSOE. Es uno de los principales interesados en la nueva norma legal porque tiene uno de los primeros planes especiales de casco histórico de Galicia, de 1989, y carece de los 100.000 euros necesarios para poder acometer una reforma imprescindible para que la degradación no siga creciendo. «Podemos aportar cousas novas», explicó el regidor, que se encuentra con que las necesidades de los propietarios o los posibles compradores han cambiado mucho en 30 años.
También para Fisterra puede suponer un alivio. El alcalde, José Marcote, calcula que en dos meses tendrá aprobado el PXOM y entonces podrán ponerse con el plan especial del casco antiguo. En este caso, muchas de las viviendas del centro no se rehabilitan porque no hay un documento que regule la posibilidad de aprovechamiento. Ahora mismo es muy difícil de esclarecer en qué lugares se pueden variar volúmenes, lo que es fundamental para poder conceder licencias. A pesar de eso, debido al gran interés por los servicios turísticos, hay una demanda importante para reformar edificios del centro.
Para la mayor parte de alcaldes, es muy necesario simplificar la tramitación de la declaración de ruina. Eduardo Parga, alcalde de Malpica, destacó que en ocasiones se hace muy complicado obligar a los dueños, también porque a veces carecen de recursos económicos, lo que plantea un problema de seguridad o de salubridad. «Os donos teñen que ser responsables do edificio o do dano que poda facer a outra xente», dijo Eduardo Parga. En Carballo, los vecinos de la calle Mirtos reclamaron por dos viviendas abandonadas debido al riesgo que suponían para los viandantes.
Principales puntos
Expropiaciones
Valor catastral. La ley establece que que la Administración podrá expropiar abonando el 50 % del valor catastral, que viene siendo un 25 % del de mercado, aunque en la zona rural no suele haber tanta diferencia, sobre todo porque el mercado inmobiliario se mueve muy poco. Además, fija un plazo máximo de dos años para rehabilitar la construcción adquirida de este modo.
Impuestos
Área Rexurbe. Solo en Betanzos, Ferrol, Lugo y Ourense existen áreas Rexurbe, en las que a partir del 1 de enero del 2020 se gravará con un impuesto a los propietarios de viviendas abandonadas. En estas zonas, es la Xunta la que adquiere las viviendas, las restaura y las vende de nuevo o alquila. La idea es regenerar barrios, pero ha tenido poco éxito hasta el momento. En la Costa da Morte podrían tener áreas Rexube Corcubión y Fisterra, pero todo depende de la Xunta, aunque sería el Concello el que debería solicitarlo para los inmuebles en mal estado.
Registros municipales
Aldeas. Por lo que respecta al ámbito puramente rural, el anteproyecto de ley recoge medidas encaminadas a la recuperación de núcleos abandonados. Establece que se pondrá en marcha un procedimiento público de venta a través de registros municipales en los que los propietarios pueden inscribirse voluntariamente. Uno de los casos podría ser el de la aldea de O Roncudo, que lleva años a la venta.
Compras imposibles
Herederos. Uno de los principales problemas en la zona rural es la continua repartición de las herencias, lo que hace que un inmueble pertenezca a 15 o 20 personas, muchas de las cuales ni siquiera se conocen, cuando no tienen malas relaciones familiares. Poner de acuerdo a todos es prácticamente imposible. El Concello de Ponteceso estuvo a punto de poder comprar la casa de Mourelle, pero cuando se iba a firmar uno de los herederos falleció, complicando de nuevos los trámites, Con la expropiación se solucionarían muchos casos sin solución.
Tramitación
Licencias directas. Patrimonio ya no tendrá que informar todos los expedientes de edificaciones con algún tipo de protección. La media en Galicia es de 13.000 casos anuales, de lo que solo 800 afectan a BIC. Los concellos podrán dar licencias.