Hace ya nueve años, las asociaciones de empresarios de la zona lideraron un movimiento social para reformar la Lei do Solo y conseguir que se regularizasen naves y viviendas levantadas en suelo de núcleo rural (como el caso de la nave en cuestión de Apligasa, y muchas otras), dando así una salida a empresas que se habían levantado en un momento en el que la ordenación urbanística era nula o mínima, y que además crean muchos puestos de trabajo. Ya no era solo el riesgo de derribo, al que se han visto enfrentadas muchas (y se ha consumado), que también, sino el mero hecho de legalizarlas del todo para, por ejemplo, constituir un aval, registrarlas, ampliarlas... Muchas pudieron hacerlo: ayudó la evolución del planeamiento municipal y, sobre todo, la ausencia de denuncias, un hecho clavo a la hora de ejecutar derribos o no. Otras, con procesos judiciales ya en marcha en aquel momento, lo tuvieron más complicado o imposible.