La orden de la Xunta afecta solo a la pérgola, el coche y una caseta de madera
15 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los representantes de la empresa carballesa Raz Surf Camp negocian con la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) la legalización de tres anexos que, según el ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, fueron realizados sin licencia, por lo que deberían ser derribados. Se trata de tres anexos que en nada afectan el funcionamiento del campamento que abrirá con normalidad en Semana Santa y a partir del 21 de junio de cara a la campaña estival.
La orden de la Xunta de Galicia afecta únicamente a la pérgola y el porche y a una caseta de madera, que se añadieron al edificio principal como obras de conservación y acondicionamiento, para prestar mejor servicio a los clientes.
Entre los asuntos que el Raz Surf Camp aborda con la APLU está la confusión sobre la responsabilidad de otras edificaciones que también están en situación ilegal, pero que son de otra entidad que ya no tiene actividad.
Es el caso de la pista de monopatín que aparece citada en la denuncia de la Axencia y ya hace unos días fue derribada y una caseta metálica, que desapareció hace ya meses.
Los anexos construidos por los responsables de Raz Surf Camp son obras menores y si bien se realizaron sin solicitar la correspondiente licencia, son importantes para el desarrollo de una actividad que la propia Xunta de Galicia ha calificado en una certificación como «potenciadora del medio rural donde se ubica».
No esta afectado en todo este proceso el edificio principal, que está alquilado a sus propietarios y en el que se realizó el grueso de la inversión del GAC para poder dedicarlo a albergue juvenil, calificación que tiene oficialmente. Buena parte de los que acuden a recibir clases de surf están alojados en el inmueble, que tiene capacidad para 71 personas y tiene los registros sanitarios en regla.
Raz Surf Camp funciona como campamento desde 1991. Fue el primero de este tipo en España. Comenzó en tiendas de camping en el recinto del colegio de Nétoma-Razo y hoy en día da trabajo a 17 personas. Además es una referencia a nivel nacional y ha abierto camino a este tipo de turismo.
Un proceso que se abrió hace 28 años
La actuación de la APLU en el caso del edificio que ocupa el Raz Surf Camp poco tiene que ver con sus gestores, aunque es cierto que estos no solicitaron las licencias de obra menor que correspondían para la realización de la pérgola, el porche y la caseta de madera, que es móvil.
La denuncia fue interpuesta por la misma persona que hace 28 años puso en conocimiento del Concello de Carballo que las obras de conservación que el propietario del antiguo Bar Playa acabaron con la construcción de una planta más en el edificio.
Ese proceso estuvo abierto hasta septiembre del 2013, cuando se cerró con una sentencia del contencioso administrativo número cuatro de A Coruña, por la que no se aceptó la reclamación del denunciante contra el Concello de Carballo por no haber procedido al derribo de aquella primera planta. Además, el litigante renunció al proceso por su excesivo coste.
El demandante presentó el 12 de julio del 2012 un recurso contencioso administrativo contra la inactividad del Concello por no haber tirado la planta alta, con lo que incumplió su propia resolución, dictada el 18 de enero de 1985. Cuando el propietario del edificio de Razo, que fue levantado antes de la Ley de Costas, intentó legalizar la situación y pedir licencia, la junta de gobierno local, reunida el 6 de febrero de 1985 se la denegó asegurando que era ilegalizable. Hubo un acuerdo por unanimidad para proceder al derribo y el Tribunal Supremo autorizó en mayo de 1988 al Concello a entrar en la finca para realizar el derribo, pero nunca llegó a ejecutarse.
En la sentencia del 2013, el litigante abandona, pero en la defensa del Concello se pone de manifiesto que ha prescrito la acción personal y ha caducado la ejecutiva, por lo que el recurso tampoco saldría adelante.