La Audiencia Nacional cursó orden de captura, pero finalmente se presentó él mismo
20 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El exsargento de la Guardia Civil José Álvarez-Otero Lorenzo, histórico comandante de puesto de Corcubión, ingresó en prisión para cumplir una condena de 12 años de cárcel por un delito de tráfico de drogas. Concretamente, fue declarado culpable del intento de desembarco de 2.718 kilos de cocaína, que iban a bordo del SV Nikolay Varna y que la Policía Nacional interceptó a unas 50 millas de Cádiz el 14 de agosto del 2012.
La Fiscalía pedía para Otero 22 años de prisión, porque además lo acusaba de un delito de tenencia de arma de guerra. Sin embargo, la Audiencia Nacional lo condenó a 15 años y seis meses, ya que no lo encontró culpable de esa tenencia de armas, y, finalmente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aunque rechazó el grueso de su recurso, le rebajó la condena a 12 años de cárcel a finales del pasado 2017. Los magistrados entendieron que no está acreditado que el guardia civil, ya jubilado, fuese el jefe de la organización. De hecho, los detalles que trascendieron de la investigación policial y judicial lo sitúan como el garante de que la operación pudiese llevarse a cabo sin contratiempos, no como el organizador. Ese papel le correspondería a narcos arousanos y al cartel colombiano, uno de cuyos presuntos responsables quedó absuelto y otro murió antes del juicio.
La situación de Otero suscitó muchas incógnitas a finales del mes pasado porque, tal como informaron fuentes oficiales de la Guardia Civil había dictada contra él una orden de captura e ingreso en prisión, signo de que no se presentó en el momento en el que fue dictado el auto de encarcelamiento. Sin embargo, solo unos días más tarde, la instrucción, que tal como explicaron desde el TSXG, debía venir de la Audiencia Nacional, por ser la instancia que lo juzgó, quedó anulada. Fue el propio exsargento el que se presentó para ingresar, sin que haya trascendido el día exacto de este personamiento, ni las circunstancias por las que en principio no entró en prisión y luego decidió hacerlo.
Las suspicacias sobre la implicación de Otero -que era toda una institución en la zona al frente del cuartel corcubionés- en negocios turbios venían de muy lejos. De hecho fue señalado como presunto colaborador de un conocido clan de narcos de la comarca e incluso llegó a abrirse alguna investigación contra él. Sin embargo, esos asuntos nunca pasaron de rumores y habladurías en la calle hasta que se produjo el apresamiento del Nikolay.
Lo que más llamó la atención de los investigadores era el elevado patrimonio de su entorno, compuesto por numerosas propiedades inmobiliarias, que supuestamente no se corresponde con los ingresos legales propios de un mando menor de la Guardia Civil. Así, en noviembre del 2012, solo tres meses después del desembarco frustrado de esas dos toneladas y media largas de cocaína, el propio instituto armado detuvo a su esposa, Rufina Palacín Rodríguez, como imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Como trascendió posteriormente, la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de A Coruña ya la investigaba desde muchos meses antes del apresamiento de la droga.
La implicación de Otero en este caso de narcotráfico, por el que además le ha sido impuesta un multa de 1.800 millones de euros, de las más altas fijadas nunca por un delito en la zona, quedaría centrada en que, como sargento primero de la Guardia Civil «tenía potencial capacidad para conocer tanto los lugares de alijo en la costa, como los movimientos y actividades de las fuerzas policiales encargadas de la represión del narcotráfico, motivo por el cual era el encargado de coordinar el operativo criminal tendente a dotar de seguridad a la ilícita actividad preparada», tal como recoge la sentencia de la Audiencia Nacional.