
Sentencia | Condenado por amenazas a una clienta de Muxía
14 dic 2018 . Actualizado a las 10:35 h.La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la condena para un constructor por un delito leve de amenazas contra una vecina de Muxía a la que, según el fallo, habría amenazado de muerte por no hacer efectivo un pago por unas obras realizadas en un negocio.
El tribunal ratifica así la pena fijada en primera instancia por el juzgado de Corcubión el 22 de diciembre del 2017, que había condenado al empresario a una multa de 480 euros (dos meses con una cuota diaria de 8 euros).
Los hechos juzgados se remontan a comienzos del 2017. Una mujer, vecina de Muxía, contrató a una empresa para que le realizara una reforma en el establecimiento que regenta. La sentencia de la Audiencia Provincial no aclara si los trabajos estaban del todo acabados cuando el constructor reclamó el pago de la obra contratada «chegando a manifestarlle por teléfono que senón pagaba romperíalle o local, sacando os elementos obxecto da reforma». Para ello, el día 26 de mayo del 2017, sobre las seis de la tarde, el denunciado se presentó en el establecimiento «en compañía de dous obreiros, disposto a desmontar os elementos colocados na reforma, sen que se chegara a realizar, porque a dona do local pulsou a la alarma de Prosegur instalada».
El 3 de julio del 2017, el empresario se presentó «na vivenda da denunciante», según consta en la sentencia, «manifestándolle a súa nai que se a súa filla non pagaba tiña 20.000 euros para contratar a calquera para matala». El 28 de julio del 2017, la empresa que realizó los trabajos en el negocio reclamó la deuda, 5.560 euros, por vía judicial.
Primer revés
El juzgado de Corcubión dictó un primer fallo condenatorio contra el empresario, por un delito leve de amenazas, al pago de 480 euros de multa. Pero recurrió al entender que se habían vulnerado sus derechos. Primero, que hubo «contradicciones» en la declaración de la denunciante, que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia y el de in dubio pro reo. Sin embargo, el tribunal de la Audiencia Provincial no aceptó los alegatos presentados en el recurso de apelación y en sentencia fechada el 18 de julio de este año confirmó la pena para el empresario.
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