El propietario dice que no lo tira hasta que le paguen más de medio millón de euros
03 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La historia del edificio de la playa da Ribeira de Fisterra es muy larga: arranca en 1974 con la compra de los terrenos, en los que existía un chalé y una fábrica de salazón, por parte de Álvaro Martínez Castreje, conocido como Gerpe, que logró su patrimonio trabajando como soldador en las plataformas de petróleo. Sigue con la primera licencia de 1981, el derribo de las edificaciones existentes y algunas vecinas que se cayeron durante el desmonte, con la Ley de Costas de 1988, otra licencia posterior de 1992, varios pleitos y, desde el 2013, multas de la APLU por no ejecutar la orden de derribo decretada por los tribunales. Y en esa fase se encuentra ahora, con un panorama más que complejo por delante porque, básicamente, nada se puede hacer sin tirar una parte importante del edifico y Castreje Martínez asegura que no piensa ejecutar el derribo hasta que el Concello, o quien corresponda, ponga el dinero que lleva invertido debido a las gestiones y también el que va a perder a cuenta de las viviendas que hay que eliminar y los metros cuadrados a recortar en el bajo.
Con un cálculo muy por encima sale una cifra claramente superior al medio millón de euros, porque ateniéndose a la limitación de Costas el inmueble pasa de 518 a 346 metros cuadrados por planta y es imprescindible eliminar cuatro de los apartamentos que, según el propio interesado, ya tenía vendidos de palabra a razón de 120.000 euros cada uno, una cifra totalmente verosímil si se atiende a la ubicación frente al mar, puesto que no quedan solares de ese tipo ya en el núcleo de Fisterra. A ello habría que sumar la minoración del bajo, que Martínez afirma también tener apalabrado en 100.000 millones de las antiguas pesetas, aunque reconoce que ese compromiso ya se rompió y habría que ver lo que vale ahora, así como numerosos gastos. Solo el último proyecto arquitectónico para readaptar el edificio a las normas y darle viabilidad le costó -aporta documentación de todo ello- cerca de 50.000 euros y por el medio quedan ademas numerosos informes técnicos y jurídicos, así como incontables viajes a Santiago o A Coruña, para reunirse con toda clase de autoridades en la materia. Incluso llegó a contactar en su día con Manuel Fraga y más recientemente con Alberto Núñez Feijoo, a quien le agradece su contribución para que le atendiesen en distintas instancias.
La clave principal de todo -hay otras muchas de por medio- es que el proyecto se ejecutó sin el necesario permiso de Costas y el propietario le atribuye la responsabilidad en exclusiva al Concello, que fue quien le dio la licencia y sí pidió otros informes preceptivos como el de Portos.
El alcalde, José Marcote, señala que se reunió con Costas, con Urbanismo, con la APLU y con varios asesores tanto jurídicos como expertos en planeamiento y no hay solución alguna que no pase por ese derribo parcial, por más que le pudiese interesar al Concello darle un encaje las regulaciones urbanísticas que está llevando a cabo y disipar así la duda de una hipotética reclamación patrimonial.
A este respecto, Marcote, hasta donde él entiende y por lo que ha consultado, considera que la obligación de contar con ese informe de la Demarcación de Costas era del propio promotor, pese a que también reconoce que en algunos casos trámites parecidos pudo pedirlos directamente el Concello. «Terá que pedir responsabilidades se así o considera. De feito eu sempre lle digo a todo o mundo que ten que defender os seus dereitos, para algo vivimos nun Estado libre e de dereito. Agora ben, o nosa obriga tamén é velar polos intereses do Concello, que son os de todos, porque do contrario estariamos cometendo unha ilegalidade. E ao final serán os tribunais os que teñan que decidir quen leva a razón», resume Marcote quien, en cualquier caso, ya da por hecho que esto no va a tener una solución de semanas ni de meses y también cree que a Castreje le han podido marear con trámites y gastos que no llevaron a ninguna parte.
«Estiven a punto de colgarme, e non por dentro, por fóra para que vexan a onde chegou isto»
Álvaro Martínez Castreje, con una enorme carpeta azul de documentos entre sus manos, es capaz de recitar de memoria los nombres de las decenas de altos cargos de la Xunta y de técnicos con los que se ha reunido a lo largo de los últimos dos decenios, con el mes, el día e incluso la hora en la que se produjo el encuentro. Guarda con especial interés las cartas remitidas por el presidente Feijoo, porque las ve como una especie de salvoconducto para que el resto de implicados le hagan caso, algo que cree que no ha ocurrido en la medida debida en los últimos años, lo que le ha llevado a una situación personal verdaderamente límite.
«Isto vai acabar comigo porque non se lle fai a ninguén e non fai falta ir a Venezuela para velo. Estiven a punto de colgarme -colléronme- e non por dentro, por fóra para que vexan a onde chegou isto», afirma el promotor, que jura por sus hijas que siempre va con la verdad por delante y recuerda los duros años en el mar para juntar el dinero.