Barcón reitera que fue la Xunta la que expropió en Someso para una carretera
A CORUÑA
Asegura que los propietarios reclamaron al Ayuntamiento que comprase el resto de las fincas, que ya eran urbanizables
18 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.«Ni hubo expropiación ni hubo recalificación». Con esos dos argumentos defendió ayer la portavoz municipal del PSOE, Mar Barcón, la legalidad de la actuación de los gobiernos socialistas en la adquisición y posterior venta de los terrenos de Someso sobre los que hoy se levantan varias torres de viviendas y un macro centro comercial.
Barcón aseguró que fue la Xunta la que, entre 1987 y 1988, «inició un proyecto de expropiación» en Someso para construir la nueva carretera de Pocomaco y que fueron los propietarios de los terrenos los que, viendo que se llevaban parte de sus fincas, «instaron al Ayuntamiento a que adquiriese no solo los terrenos para la carretera sino la finca completa».
La compraventa, asegura Barcón, se hizo de mutuo acuerdo, «al precio de 5.700 pesetas por metro cuadrado, por encima del valor de mercado, y en un terreno urbanizable». Y es que la portavoz socialista quiso insistir en que los terrenos de la polémica ya tenían esa calificación desde 1985, que se mantuvo en el plan general vigente, de 1998.
La socialista defiende que estos terrenos «no iban a ser destinados a la carretera, por lo que no estaban siendo expropiados». Por eso, asegura, cuando quince años después un grupo de propietarios reclamó la reversión del suelo, el Ayuntamiento desestimó sus peticiones «porque no hay reversión si no hay expropiación».
Tras esa desestimación, el gobierno socialista autorizó la venta de los terrenos y del aprovechamiento municipal en los mismos a la junta de compensación del recinto ferial, «con todos los informes preceptivos».
Una venta que, defendió, permitió obtener unas plusvalías de 25 millones de euros, de los que 14 se destinaron a inversiones, «50 obras entre las que se incluyen el centro cívico y la biblioteca de Los Rosales». El resto, apunta, fueron cedidos a los propietarios afectados por el convenio de cesión de terrenos del paseo marítimo.
Barcón asegura que, pese a que la Justicia les dio la razón a los propietarios, en el 2009, cuando un nuevo grupo solicitó la reversión del suelo, estos aportaron los llamamientos para la expropiación remitidos por la Xunta, lo que a su juicio exculparía al Ayuntamiento, ya que, al no haber sido quien instó la expropiación, no puede ordenar la reversión. Por esto, censura que el alcalde, «que tuvo acceso a esta documentación» en el traspaso de poderes, no inste la revisión de las sentencias.
Estos son los argumentos que presentará Barcón en la comisión de investigación aprobada ayer por el pleno, pese a sospechar que esta, más que el afán de buscar la verdad, «solo busca una cortina de humo como lo que en su día fue aquella operación Dedazo, por la que la Fiscalía puso colorado al PP y por la que aún no ha pedido perdón».
Por su parte, el presidente del PP local, Fernando Fernández, cargó contra las palabras de Barcón asegurando que «está intentando convencer a los ciudadanos de que lo que dice ella tiene más validez que una sentencia en firme del TSXG» y pregunta «qué es lo que quiere recurrir».