El juez pregunta por el impacto del «precinto inmediato» de la ilegal depuradora de Ourense
A CORUÑA
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ourense lleva casi diez años en situación de ilegalidad, con la licencia municipal anulada por sentencia firme y con amenaza de demolición. Los incidentes de inejecución de sentencia promovidos desde el Concello de Ourense no han prosperado y ahora el titular del Juzgado de lo Contencioso donde se inició el procedimiento ha decidido requerir a las distintas Administraciones implicadas para que informen sobre el impacto del «precinto y clausura inmediata» de esta infraestructura pública.
El juez ha decidido requerir por separado al Concello, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a la Xunta y a la sociedad pública acuaNorte para que informen sobre las «consecuencias medioambientales e higiénico-sanitarias que generaría el precinto y clausura inmediata de la depuradora de Reza (Ourense) actualmente existente» a orillas del Miño.
Pregunta también el magistrado si existe posibilidad de tratamiento y depuración de las aguas «alternativa a la referida depuradora»; si es «técnica, legal y medioambientalmente posible la clausura inmediata de la depuradora» y, finalmente, si con el proyecto actualmente en marcha para la construcción de una nueva EDAR «se eliminarán las molestias por ruidos y olores generados por la actual a los vecinos del barrio de Reza».
En la misma providencia dictada por el juez de lo contencioso pide a los vecinos que están personados en el procedimiento que digan si la instalación les sigue generando molestias. Les pide, además, que propongan medidas para mitigar o eliminar molestias durante el tiempo que se demore la ejecución de la sentencia, aludiendo expresamente al realojo o la percepción de una indemnización compensatoria.
A pesar de la contundencia de las resoluciones judiciales en relación con el estado de la depuradora, incluso habiéndose fijado en algún momento plazos para la ejecución material de la sentencia, los vecinos afectados no han obtenido satisfacción alguna desde el Concello de Ourense. La Administración local ha defendido que la sentencia no se podía ejecutar, pues derribar la depuradora obligaría a verter directamente al río, con lo cual se cometería un delito ecológico.
La licencia de la depuradora fue anulada por no haber respetado la distancia mínima con viviendas que exigía el reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas. Las obras para la depuradora, prácticamente al lado de la actual, fueron recientemente adjudicadas a un grupo de empresas liderado por Copasa. Los vecinos mantienen su rechazo al nuevo emplazamiento, pues sospechas que seguirán con los mismos problemas.