Una cifra ha removido conciencias esta semana. 6,2 millones. Esa es la cifra de parados que arroja la EPA. Ni siquiera el Gobierno ha intentado rebajar el impacto de la aterradora cantidad de personas sin empleo que quieren trabajar y no pueden. El paro es el principal motivo de preocupación en miles de hogares, donde todos sus integrantes sufren el desempleo y se han quedado ya sin más ingresos que la caridad, el apoyo de las familias y amigos o la beneficencia. En la comarca coruñesa, los números son los mejores de Galicia, pero ello no impide que haya 21.700 personas pendientes de encontrar un empleo, un cuatro por ciento más que hace un año. Y con una larga lista de expedientes de regulación de empleo en marcha, como los casos de la fábrica de armas, Caramelo o Atento, que amenazan con dejar en la calle a muchos otros que aún tienen la posibilidad de realizar un trabajo remunerado.
Los puntos débiles. La economía coruñesa es la más pujante de Galicia de acuerdo con los números. Aquí se factura ya más del 35 % del total de los ingresos de Galicia, pero esa fortaleza depende de que dos gigantes, Inditex y Gadisa, no se acatarren y mantengan su actual ritmo de generación de riqueza.
De las 38 empresas coruñesas que figuran en el ránking de las cien primeras de Galicia, 16 pertenecen a la órbita de Amancio Ortega, mientras que otra docena se adscriben al emporio empresarial que dirige Roberto Tojeiro.
Los números no bastan para calmar la angustia de los demandantes de empleo. La reactivación económica choca con la incapacidad de los dirigentes políticos de propiciar un nuevo marco de relaciones que dinamice la actividad empresarial. La austeridad ha dejado en mínimos históricos la actividad de organismos tradicionalmente inversores. Esta misma semana, las empresas de obra pública denunciaban que la Diputación se está gastando en nuevos proyectos la mitad de lo que invertía hace dos años. Y que gran parte de sus fondos se escapan en gasto corriente no productivo para sufragar a ayuntamientos sin recursos. Si todas esas debilidades no se corrigen, será muy difícil conseguir salir del túnel, por mucho que el Gobierno intente vender eufemismos y fechas.
Someso vuelve al primer plano. En medio del drama del paro, cobra actualidad la urbanización de Someso. El polémico desarrollo ha costado ya a las arcas municipales más de diez millones de euros en sentencias judiciales firmes, pero ahora una acción judicial emprendida por un particular busca responsabilidades políticas. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha encontrado indicios de delito en el informe elaborado por el Ayuntamiento. Y el Tribunal de Cuentas ha evitado enjuiciar la denuncia del gobierno local alegando su prescripción, como se supone ocurrirá con las del BNG y un particular. Y sus consecuencias económicas saldrán de las impuestos de todos. Otra vez más.