
La mayoría de los recursos se centran en el plan de la zona de la Torre
13 nov 2013 . Actualizado a las 13:40 h.Empresas, particulares y un partido político, el BNG, han presentado en total doce recursos judiciales al documento definitivo del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
¿Cómo se dirimirán los recursos?
Son recursos contencioso-administrativos sobre los que tendrá la última palabra el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No son alegaciones para cambiar el plan. Esas reclamaciones, de las que se presentaron 27.000, finalizaron el 25 de febrero, cuando se aprobó el documento.
¿Quiénes los han presentado y por qué?
La mayoría de ellos, seis, han sido interpuestos por empresas; cinco por particulares, asociaciones de vecinos o propietarios, y uno por el Bloque. Los motivos de las demandas incluyen a una persona que quiere que su finca urbanizable pase a ser suelo urbano, un bajo cubierta en un edificio protegido, la paralización de la construcción en la parcela que ocupaban las Adoratrices en la ronda de Nelle, la zona de protección de la Refinería, el convenio para aumentar la edificabilidad en la finca de Maderas Peteiro, o una instalación industrial en Joaquín Planells. Tres de los recursos, presentados por las empresas Galitorre, Promotora Constructora Conviga y Gaconsa, se refieren a la pérdida de edificabilidad en la zona de protección de la Torre. Han denunciado, aunque el plan permite construir en la cantera de Adormideras, en el Agra de San Amaro. El recurso del BNG se dirigirá contra varios puntos del texto.
¿Qué ocurrirá si los recurrentes ganan?
En principio será obligatorio modificar el plan como determinen los tribunales. Además, podría ser necesario pagar indemnizaciones u adoptar otras medidas compensatorias.
¿Qué medidas tomará el gobierno local?
Por el momento ha decidido personarse en todos los procedimientos. Fuentes del ejecutivo han señalado que tratarán cada demanda de forma individual para tratar de alcanzar un acuerdo.
¿Qué dice la oposición?
El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, se ha mostrado convencido de que el plan tiene «eivas de legalidade». La socialista Mar Barcón apunta a una «chapuza» del gobierno local, y recuerda que la mayoría de los recursos se deben a asuntos procedentes del bipartito.
¿Son muchos 12 recursos?
No si se compara esa cantidad con los planes de Lugo (27), Santiago (39), Vigo (110) o el aprobado en A Coruña en 1998, que registró 70.