La acción incluyó el intento de borrar su nombre del Registro Civil
23 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Le quitaron todo. Y no fue obra de unos vándalos descontrolados. Sufrió la persecución sistemática de las nuevas autoridades franquistas surgidas tras el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936. Las razones fueron múltiples. Santiago Casares Quiroga representaba todo lo que ellos odiaban: la democracia republicana, el laicismo, la masonería y el izquierdismo.
La inquina se acentuaría durante su presidencia de Gobierno con su política de beligerancia contra los sectores derechistas y con el asesinato de Calvo Sotelo, que sería transformado por los golpistas en el protomártir, siendo acusado Casares de ser su asesino. Además, su castigo debía servir de ejemplo para someter a una burguesía, la coruñesa, a la que él pertenecía, que, desde hacía décadas, había convertido la ciudad en un baluarte de la libertad y la república.
Emplearon todos los medios posibles: la difamación, la condena judicial, la incautación de sus bienes y hasta el intento de borrarlo de la Historia.
Aparece el expediente
El hallazgo reciente de su expediente judicial, elaborado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de A Coruña, permitirá conocer al detalle todo el proceso. Tras el golpe de estado, primero fueron a por sus bienes y su familia. Ya el 11 de agosto de 1936, los falangistas registraron su casa de Panaderas y el 2 de septiembre detuvieron a su hija Esther en Miño, donde veraneaba. El 25 de septiembre todos los muebles y enseres que había en dicha casa fueron incautados y trasladados a un almacén bajo la supervisión de la Falange; lo mismo sucederá el día 28 con las pertenencias que tenía en el pazo alquilado de Montrove.
Habitación por habitación todo fue minuciosamente anotado. El 16 de diciembre la casa de Panaderas sería cedida, a titulo de precario, a la Cruz Roja que instalará allí un dispensario. También se incautó e inventarió su gran biblioteca. Paralelamente se elaboraron numerosos informes sobre su vida política, de carácter acusatorio, y sobre su fortuna.
Después intentaron borrar su nombre. En 1937, el 27 de febrero, el Colegio de Abogados coruñés tuvo que darle de baja como colegiado, injusticia que aún hoy permanece sin ser reparada. Y el día 26 de noviembre el gobernador civil, José María de Arellano, mandó un oficio, publicado en la prensa, para que se eliminara del Registro Civil el nombre de Santiago Casares Quiroga por considerarlo una alimaña indigna, medida que no se realizó.
Más tarde vendrían las condenas. En el año 1940, el 7 de marzo el Tribunal de Responsabilidades Políticas lo sentencia a 15 años de inhabilitación absoluta, 15 de extrañamiento y a la pérdida total de sus bienes, proponiendo también al Gobierno la pérdida de la nacionalidad española; el 30 de septiembre ese mismo tribunal decreta el embargo por cuantía ilimitada de todos sus bienes. Al año siguiente, el 11 de septiembre de 1941 el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo condena a 30 años de reclusión mayor con sus accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta.
Nadie fue tan odiado y perseguido.