La última quincena del año ha sido de especial agitación en la vida política metropolitana. Uno de esos escasos entes municipales que han conseguido superar la disparidad de los colores de sus gobiernos y convertirse en una herramienta de gestión útil para sus vecinos, el Consorcio As Mariñas, se ve obligado a transformarse en otro tipo de asociación para adaptarse a una ley estatal concebida para combatir los chiringuitos de las distintas administraciones.
La buena voluntad de la norma promovida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, choca con la realidad de la legislación vigente. Eso es al menos lo que sostienen los garantes de que se cumpla la legalidad: los secretarios e interventores municipales que han de informar sobre la cesión de competencias a otro organismo.
Así, la propuesta del presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes, chocó inicialmente con los informes negativos de los secretarios de Betanzos y Cambre, gobernados por alcaldes del PSOE y del PP. Luego fue el independiente Ángel García Seoane, alcalde del municipio más poblado del área, Oleiros, el que dejó el asunto en punto muerto. Y las fichas de dominó siguieron cayendo. Luego le tocó a Culleredo, donde el líder del PSOE provincial y anterior presidente del Consorcio, Julio Sacristán, había dado orden a los regidores de su partido de apoyar la conversión en mancomunidad, pero se vio arrastrado por la oposición de su número dos, José Ramón Rioboo. Y, finalmente, Arteixo, tampoco accedió a votar la urgente adhesión al nuevo organismo.
Dudas y certezas. La pregunta que cabe hacerse en este caso es si realmente se puede considerar al Consorcio As Mariñas como un chiringuito del que sea necesario prescindir para ahorrar dinero. Lo cierto es que las competencias transferidas -recogida de basuras y promoción turística, fundamentalmente- han funcionado de forma más que aceptable y ninguno de los diez socios del organismo ha expresado queja pública alguna sobre supuestos despilfarros en un ente en el que la plantilla de personal propia es de 22 personas en un presupuesto global que roza los 13,6 millones de euros.
También cabe preguntarse si era necesario apurar hasta el último segundo del plazo legal dado por el Gobierno para evidenciar el rechazo a una transformación obligada en una figura cuyo nombre, mancomunidad, trae negros recuerdos. Fue hace más de dos décadas cuando el Gobierno central intentó promover las áreas metropolitanas con importantes incentivos económicos mediante esas figuras. A Coruña, con Francisco Vázquez como alcalde, creó la suya, pero nunca llegó a funcionar. Las discrepancias sobre la forma de voto -la ciudad quería voto ponderado por población y los municipios limítrofes pretendían otros sistemas que evitaran el dominio de la capital- acabaron por inutilizar esa figura y dar paso al Consorcio, sin A Coruña, donde el grueso de las medidas se toman por unanimidad y todas ellas por mayorías muy amplias. Quizá por ello, la amenaza del Gobierno de imponer multas a los que no cumplan con el decreto suena en este caso a broma pesada. Sobre todo, cuando ni la propia vicepresidenta ha sido capaz de reducir los coches oficiales del Gobierno y mientras siguen proliferando fundaciones y otras figuras jurídicas de camuflaje en ayuntamientos, autonomías y gobierno central.
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