La amenaza de un juicio político acecha a Rousseff tras el fallo que recomienda al Congreso rechazar las cuentas del 2014 por ocultar el déficit
09 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Dilma Rousseff pedaleó peligrosamente cerca del precipicio en busca de la reelección a finales del 2014 y, a poco más de nueve meses de comenzar su segundo mandato, está a punto de perder el equilibrio. Las pedaladas, como se conocen en Brasil las artimañas fiscales para maquillar las cuentas públicas, con las que atrajo a los votantes la llevaron a poner una rueda en el vacío y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) recomendó rechazar el balance del 2014.
El fallo unánime del tribunal, que tiene su último precedente en 1937, debe ser debatido en el Congreso, lo que proporcionaría a la oposición una nueva vía para pedir un juicio político contra la presidenta y lograr su destitución. Aun así, el impeachment no sería la consecuencia inmediata de una reprobación de las cuentas por el Congreso, que tardará varios meses en debatirlo, pero sí presupondría un delito de responsabilidad fiscal de la presidenta que pone en manos de la oposición un arma que su líder, Aécio Neves, no dudará en emplear, según afirmó.
Neves (PSDB), que vio esfumarse sus aspiraciones de ganar las presidenciales del 2014 por una corta diferencia, tiene en marcha otra acción encaminada a impugnar el mandato de Dilma a la que el Tribunal Superior Electoral decidió dar curso el martes. La denuncia alcanzaría al vicepresidente, Michel Temer, del aliado del Gobierno PMDB, además de al PT de Rousseff, por utilizar recursos públicos (edificios y espacios televisivos) en su campaña electoral, cuyos gastos habrían sido, una vez más, maquillados. La investigación podría quedarse en una multa o en la impugnación de las elecciones que ganaron el tándem Rousseff-Temer. En este caso, la presidenta y su vice serían apartados del cargo, que asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB).
Esto último abre una grieta entre la tierra firme y el abismo junto al que se tambalea Rousseff, que tenía otra poderosa razón para seguir pedaleando las cuentas de su campaña, que fue en parte financiada con dinero negro de Petrobras. Hace poco más de un mes, el Supremo autorizó al procurador general, Rodrigo Janot, a investigar a la presidenta y a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, por estas irregularidades financieras tras la declaración del empresario Ricardo Pessoa, que aseguró haber donado a la campaña de Rousseff casi dos millones de dólares desviados de la petrolera estatal.
En agosto, las manifestaciones pidiendo la renuncia de Dilma se sucedieron entre una caída de su popularidad por debajo del 70 %. La causa, además de la corrupción, los ajustes económicos que preparaba en un contexto de recesión. Otra batalla que también perdió, pues la Cámara baja no avaló los vetos a leyes que impidieron dichos ajustes. Y eso, a pesar de una drástica reforma de su Gabinete con la que trató de engatusar a sus aliados del PMDB.
De nuevo asomada al abismo, una abatida Rousseff aseguró a sus ministros que «defenderá su mandato hasta el final». Pero lo tiene difícil, con ejemplos de lo que es la política en Brasil como Cunha, a quien la Justicia congeló ayer 2,4 millones de dólares en Suiza por cobrar un soborno para facilitar un negocio en Petrobras.