El PSOE cederá dos senadores a ERC y al partido de Mas para que tengan grupo

El PSOE cederá dos senadores a ERC y otros dos a Democràcia i Llibertat para que puedan formar grupo propio en el Senado, que son los que cada fuerza necesita, tal y como exige el reglamento de la cámara. El portavoz del PSOE, Óscar López, lo justificó por «cortesía parlamentaria», mientras el del PP, José Manuel Barreiro, calificó de «inadmisible» que pacte «con los partidos que quieren romper España».

Por su parte, ERC y Democràcia i Llibertat (el sustituto de CDC) podrán tener sendos grupos propios en el Congreso gracias a una interpretación generosa del reglamento de la Cámara por parte de PP y PSOE. Los populares, para asegurar que ambas formaciones independentistas tengan grupo, usarán, de hecho, el argumento contrario al que en el 2011 pusieron sobre la mesa para que Amaiur tuviese que pasar toda la legislatura en el Grupo Mixto. El reglamento dice que pueden formar grupo los partidos que tengan cinco diputados y que al menos obtuviesen un 15 % de los votos en las circunscripciones que presentaron listas. La Mesa del Congreso siempre aceptó que para cumplir el criterio del 15 % valía que fuese la media de los votos en todas las circunscripciones. De hecho, el PNV formó grupo en cuatro legislaturas gracias a esta generosa interpretación y ERC, lo mismo, en el 2004. Sin embargo, en el 2011, para vetar a Amaiur, el PP cambió el criterio y dijo que solo valía un 15 % en cada circunscripción.

Mientras tanto, un posible pacto del PSOE y Podemos parece cada vez más inviable. Pablo Iglesias no ha ocultado su enorme enfado por el pacto que ha dado la presidencia del Congreso al socialista Patxi López y ha permitido que el PP y Ciudadanos tengan mayoría en la Mesa. Hasta el punto de acusar a Sánchez de engañar a sus votantes por pactar con el PP. También está muy molesto por su negativa de apoyar que Podemos y sus confluencias cuenten con cuatro grupos parlamentarios. Iglesias califica a PP, PSOE y Ciudadanos como «los tres del búnker», una palabra que se acuñó durante la transición para calificar a los ultras que se oponían a la democracia.

Sánchez reaccionó ayer. «Lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería dejaba de respirar», afirmó. No se quedó ahí sino que espetó a Iglesias que «negociar en democracia no es chantajear», que influir «no es imponer» y que acordar «no es bloquear». Pese al desencuentro, señaló que el PSOE y Podemos están «obligados a entenderse». «Es lo que estamos ofreciendo los socialistas tanto a la izquierda, como a la nueva derecha que pueda representar Ciudadanos. Tenemos puntos en común y nos une el cambio», aseguró.

El partido emergente puso en práctica la división de tareas que funciona en su cúpula. Mientras Iglesias endurecía sus críticas a Sánchez, Íñigo Errejón rebajaba la tensión. El número dos de Podemos afirmó que ellos están dispuestos a hablar con todo el mundo «sin líneas rojas ni precondiciones». Por su parte, Albert Rivera descartó una vez más la posibilidad de que su formación se abstenga para facilitar que gobierne Sánchez con el apoyo de Podemos.

En Marea se reunirá con el rey

La coalición tripartita En Marea mostró ayer su disposición a acudir a la reunión con el rey, en respuesta a una llamada del Congreso para preguntarle sobre si aceptaba ir a ese encuentro. En la coalición usarán la llamada como un argumento para defender la constitución de grupo parlamentario propio.

Rajoy intentará convencer a los socialistas con un plan de reformas, incluida la Constitución

A Mariano Rajoy no le salen las cuentas para ser investido presidente del Gobierno. La comprometida abstención de Ciudadanos no le es suficiente. Tampoco lo sería su voto a favor. Pero, pese al rotundo no que reitera un día sí y otro también Pedro Sánchez, insiste en una gran coalición que incluya al PSOE y a la formación que lidera Albert Rivera.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que tiene merecida fama de ir por libre, pero al mismo tiempo es uno de los ministros más próximos a Rajoy, avanzó ayer que el presidente del Gobierno está dispuesto a abordar la reforma constitucional, que es «posible y deseable». Siempre que no se traspasen «algunas líneas rojas», como son la ruptura de la soberanía nacional o «un federalismo asimétrico que privilegie a unas comunidades sobre otras». Pero dejó claro que para acometerla es imprescindible la gran coalición.

Defecto de diseño

Margallo explicó que la Carta Magna tiene algunos «defectos de diseño», como el reparto de competencias o la financiación autonómica, y «defectos de funcionamiento», como la «falta de coordinación entre administraciones». Advirtió de que cualquier reforma debe respetar los procedimientos previstos en la Constitución, ser fruto del consenso y «definir con toda claridad el contenido, los principios que se quieren modificar y cuáles no se deben modificar», ya que otra cosa «sería abrir un proceso constituyente de consecuencias incalculables». Además, incidió en que debe evitarse que la reforma pueda ser «interpretada como una cesión ante las presiones separatistas».

Hasta ahora Rajoy no se había opuesto radicalmente a reformar el texto constitucional, pero dejando la iniciativa a los grupos que quieren cambiarla y criticando la falta de concreción de la propuesta del PSOE, Pero ayer Margallo dio un paso al enumerar los posibles cambios a abordar: modernizar la regulación de las libertades y derechos, acabar con la discriminación de la mujer frente al varón en la sucesión al trono, reformar el Senado, clarificar el mapa competencial entre la Administración central y las comunidades autónomas y fijar los principios básicos del sistema de financiación.

Pero para el jefe de la diplomacia española este no es el único cambio que se tiene que hacer. Tras la reforma de la Constitución debe ir una «reforma del modelo productivo», para que la recuperación económica llegue a los sectores más desfavorecidos mediante una Ley de Compensación Social.

También ofreció un pacto por la educación, una reforma de la Administración y otra del sistema fiscal que garantice el Estado de bienestar y la creación de una comisión independiente para luchar contra la corrupción. «Solo una coalición con esa legitimidad, con ese apoyo parlamentario, puede hacer un llamamiento a la sociedad para que participe en ese esfuerzo de actualización de los pactos que nos dimos en el 78», insistió.

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