A 12 de junio solo se habían gastado 2.130 euros de los 1,6 millones previstos este año
05 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Por segundo año consecutivo, el gobierno local ha reducido la partida presupuestaria de la renta social municipal un 38 %. La renta fue uno de los proyectos estrella de la Marea en la campaña electoral del 2015 para afrontar la «emerxencia social» derivada de la crisis económica y las políticas de austeridad de la UE.
El programa electoral de la Marea preveía que el Ayuntamiento invirtiese 3 millones de euros anuales en la renta social, que llegaría a 1.200 familias coruñesas en situación de exclusión social. El entonces candidato y ahora alcalde, Xulio Ferreiro, afirmó el 10 de marzo del 2015 que ese programa social se podría poner en marcha al «día seguinte» de su llegada al palacio de María Pita. Aunque el compromiso electoral de la Marea era que estuviese listo en los primeros cien días de gobierno, con el fin de hacer frente a esa «emergencia».
Ninguna de esas previsiones se ha cumplido. La ordenanza de la renta social no se aprobó hasta mediados de agosto del 2016, casi un año después de lo previsto, y solo pudo aplicarse gracias a un cambio en la normativa de ayudas aprobado por la Xunta.
El gobierno local presupuestó 2,1 millones para aplicar el programa entre ese mes y el 31 de diciembre. Sin embargo, el 27 de octubre la junta de gobierno aprobó un cambio en las cuentas para reducir esa partida de 2,1 millones a 300.000 euros. Los 1,8 millones retirados de la prestación social se utilizarían en pagar deudas de la empresa municipal Emvsa y para comprar nuevas bicicletas del servicio municipal Bicicoruña. La oposición se opuso a la operación y limitó la reducción de fondos a 1,2 millones, de manera que la renta social del 2016 se quedó en 900.000 euros. Más tarde, mediante decretos, esa cifra se redujo aún más.
A pesar de la citada «emerxencia social», y de que el gobierno local contrató a 11 funcionarios interinos para poner en marcha el proyecto, la primera renta no se concedió hasta el 31 de noviembre del 2016, y en todo el año no se invirtió ni un euro de la partida presupuestaria destinada a esas ayudas sociales.
El número de beneficiarios del programa se fue incrementando. En mayo de este año se anunció que ya cobraban la subvención 52 familias, y el 19 de julio la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, cifró en 102 los beneficiarios -menos del 10 % de los previstos inicialmente- y señaló que había otras 133 solicitudes.
La primera reducción del 2017
Poco antes, en mayo, el gobierno local aprobó los presupuestos de este año. Las cuentas incluían una partida de 1.645.911,03 euros para la renta social -casi la mitad de los tres millones previstos en la campaña electoral-.
Sin embargo, como ocurrió en el 2016, el gobierno local recortó esa partida. El 8 de septiembre, la junta de gobierno local aprobó una reducción de los fondos de 348.607 euros, «dada a imposibilidade informada polo servizo de executar a totalidade dos créditos», es decir, que no había suficientes beneficiarios para cubrir toda la inversión prevista.
Esta vez el pleno no se opuso al cambio, gracias al clima de entendimiento entre la Marea y el grupo del PSOE, que ha facilitado varios cambios en las cuentas.
Según los últimos datos publicados en el portal de transparencia municipal, que datan del 12 de junio, el Ayuntamiento había gastado a esas alturas 2.130 euros de los 1,6 millones presupuestados.
Más transferencias y la risga
Pero el gobierno local, como en el 2016, ha ejecutado otras rebajas en los fondos para la renta social mediante la firma de decretos para transferencias internas, que permiten mover fondos de unas partidas a otras sin necesidad de pasar por el pleno.
De esa forma, en los últimos tres meses se han firmado dos decretos para pasar 275.000 euros de la partida de la renta a otros programas sociales creados antes del actual mandato municipal.
Además de la renta y otros programas municipales, los coruñeses en situación de exclusión social también se pueden beneficiar de la risga, que gestiona la Xunta. Según los últimos datos, en la ciudad hay 1.200 coruñeses que cobran esa subvención, que la Administración autonómica mantiene con una inversión de seis millones de euros anuales.