Hércules de Armamento rompió un acuerdo prácticamente cerrado donde el comprador asumía las deudas, en una operación de más de 6 millones de euros
17 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La concesión de la fábrica de armas estuvo prácticamente vendida hace unas semanas. Los abogados de Hércules de Armamento, la empresa a la que el Ministerio de Defensa adjudicó las instalaciones, y los de una firma que, después de la fallida operación, quiere permanecer en el anonimato, tenían ultimado un acuerdo en el que, fundamentalmente, «se negociaba la deuda con la Seguridad Social, con Hacienda, con los trabajadores, con los proveedores y la derivada de los juicios que están pendientes», explican fuentes conocedoras de la operación.
Aunque sin especificar las cantidades, apuntan que todo ello superaba ampliamente los cinco millones de euros. Además, en el transcurso de las conversaciones, el principal accionista de Hércules de Armamento, Ramón Mejuto, les hizo saber a los compradores que en su día había hecho una aportación de capital a la empresa, que cifraba en unos 600.000 euros. Esto elevaba la operación por encima de los mencionados 6 millones de euros, puesto que los interesados en adquirir la gestión de las instalaciones asumían que si el presidente de la empresa había aportado dicha cantidad, contaría con la documentación para demostrarlo y por ello no había discusión sobre ello.
Las conversaciones entre la concesionaria y los compradores comenzaron a mediados de octubre cuando, como primer paso, ambas partes cerraron un acuerdo de confidencialidad sobre los datos de la operación.
Los compradores tampoco plantearon la posibilidad de visitar la fábrica de armas para conocer el estado de las instalaciones y limitaron las conversaciones a conocer los datos de unas deudas que casi se equiparan, pero en negativo, a la inversión que Hércules de Armamento había anunciado que haría cuando, a finales del año 2014, se hizo cargo de las instalaciones: «Hay que señalar que la inversión inicial ha sido de 2 millones de euros, más otros 5 que se invertirán en los próximos tres años», anunciaban entonces.
Las reuniones oficiales arrancaron a comienzos de noviembre, cuando Hércules de Armamento fue facilitando los datos sobre su situación económica. La intención de los compradores era cerrar el acuerdo a finales de ese mes y firmar el contrato. Con todas las cuestiones más o menos claras, plantearon el envío del billete de avión para que el principal accionista, que ya había entrado en contacto directo con los compradores, se desplazara a Madrid para firmar el contrato.
Ruptura por medio de wasap
Sin embargo, el director de la fábrica argumentó que no podía desplazarse en la fecha pretendida, el 30 de noviembre, debido a que había más inversores interesados en la fábrica y que precisamente ese día tenía previsto recibir en Pedralonga la visita de los responsables de una empresa americana.
Fuentes del sector confirmaron que dicha visita se produjo, pero «nunca fue para comprar» sino que era para hablar sobre la elaboración de piezas que formarían parte de un proyecto del AVE.
Otro de los argumentos de Hércules de Armamento a los compradores fue que diciembre no era el momento adecuado porque tenían que concretar con el Ministerio de Defensa el pago de la concesión. Tras ser preguntado por la fecha adecuada, Mejuto planteó que en el momento de la firma debería recibir un adelanto económico de la operación, una cuestión sobre la cual los negociadores nunca habrían hablado. A través de un wasap, en el que hablaba de barcos y honra, rompió las negociaciones.
En enero los compradores volvieron a preguntar si había cambios en la postura de la concesionaria. La respuesta fue negativa.
Buscar salida con la petición de un crédito vinculado a la adjudicación de las instalaciones
«Decían que alguien les iba a dar un crédito». Fue uno de los últimos comentarios de los responsables de Hércules de Armamento al apuntar una vía de salida a la situación en la que se encuentran y tras la negativa a vender la concesión, según los conocedores de la operación. Dicho crédito estaría vinculado con la adjudicación de las instalaciones.
En todo este proceso negociador los compradores no aludieron en ningún momento a la situación de Ramón Mejuto dentro del organigrama de la fábrica de armas en el caso de que se hicieran cargo de las instalaciones. Él ha sido el máximo responsable desde el momento de asumir la concesión y en estos casi tres años ha venido planteando que la base de la solución a la falta de carga de trabajo es la llegada de un socio inversor. En algún momento, como en el mes de mayo del 2015, dirección y trabajadores escenificaron su empeño en sacar adelante la fábrica.
Apuesta de las instituciones
La colaboración entre la Xunta y el Gobierno central es la propuesta de los diputados socialistas en el Parlamento gallego y en el Congreso, Juan Manuel Díaz Villoslada y Ricardo García Mira, para tratar de clarificar el futuro de las instalaciones de Pedralonga. Lo apuntaron ayer en la presentación de algunas iniciativas ante ambas instituciones y al pedir al presidente Núñez Feijoo una mayor implicación en el «futuro industrial» de la ciudad y su entorno. Estuvieron acompañados de representantes sindicales de UGT de Alcoa, Ferroatlántica y de la antigua plantilla de la fábrica de armas.