Dos comisiones para aclarar la polémica compra de dos pisos a un afín a la Marea coruñesa
A CORUÑA
La oposición forzó la convocatoria de ambos organismos tras detectar posibles irregularidades que el gobierno niega
21 feb 2018 . Actualizado a las 10:38 h.Las comisiones municipales de Urbanismo y Transparencia se reunirán hoy, a partir de las nueve de la mañana, para analizar el concurso público de compra de viviendas tramitado por el gobierno local, que terminó con la adquisición de seis inmuebles, entre ellos dos ofertados por un afín a la Marea Atlántica. La oposición denuncia que se incumplieron las bases y ha forzado la convocatoria de ambas reuniones para que el gobierno local -que niega cualquier irregularidad- dé explicaciones de forma oficial.
El concurso
Seis compras de 45 ofertas. El 19 de mayo del 2017, el Ayuntamiento publicó las bases del concurso, cuyo objetivo era la «adquisición de edificios y viviendas» con el fin de ampliar el parque de vivienda municipal y dedicarlas a uso social. El gobierno local presupuestó 1,26 millones de euros para esas compras.
Se presentaron 45 ofertas. Fueron admitidas 12 de viviendas y 2 de edificios. El resto fueron rechazadas, en su mayor parte, por ser inmuebles fuera de ordenación, o presentar la documentación incompleta o fuera de plazo.
De las 14 propiedades aceptadas, solo 6 pisos acabaron en manos del Ayuntamiento. En el resto de los casos la compra no se concretó porque los propietarios rechazaron el precio que se les ofreció. En total, el Ayuntamiento invirtió 383.000 de los 1,26 millones que había presupuestado.
El afín y sus dos pisos
Un organizador del partido. El vendedor de dos de las propiedades pidió que no se revelase su nombre para preservar su «intimidade económica». Él mismo reconoció ser firmante del manifiesto de la Marea. En el 2014, la Marea le reconoció públicamente por ser «unha das persoas que están a organizar a Marea de Fóra, a asemblea das e dos emigrantes da Marea Atlántica».
En marzo del 2016 participó en las jornadas Das prazas ás institucións que, organizadas por la Marea de Pontevedra, contaron con la presencia de «líderes sociais e representantes das mareas, En Marea e Podemos» para analizar «o novo tempo político». En el 2015 entró a trabajar como consultor para el gobierno local de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una de las principales aliadas y referentes políticas de la Marea y Xulio Ferreiro. Al vivir en Barcelona, la venta de sus dos pisos fue tramitada ante el Ayuntamiento por una familiar suya, que también es firmante del manifiesto de la Marea.
Los dos inmuebles que ofertó al Ayuntamiento son un cuarto sin ascensor del número 10 de la calle Joaquín Martín Martínez, por el que María Pita pagó 54.575 euros, y un tercero con ascensor en el 23 de la calle Santander, que costó 91.290 euros. En total 145.865 euros de los 383.000 invertidos. De los 12 pisos admitidos a concurso, uno fue el que peor puntuación logró y el otro el cuarto por la cola. También fueron los más caros para el Ayuntamiento en relación a su tamaño.
Posibles irregularidades
El tamaño sí importa. Entre otras posibles anomalías, según reveló el PP, el piso de la calle Santander tiene una superficie de 49,55 metros cuadrados, según el registro de la propiedad y las escrituras del inmueble, pero las bases del concurso exigían que tuviese un mínimo de 50 metros cuadrados. Lo mismo ocurre con el ático de la calle Joaquín Martín Martínez, que se queda en 47,2 metros útiles según esos dos documentos, el informe de la tasadora y la propia escritura de compra del Ayuntamiento.
Los tamaños de las habitaciones, citados en un informe municipal, tampoco alcanzan los mínimos que marcaban las bases. Además, el ático figura en el registro de la propiedad y el catastro como local comercial, aunque el gobierno local ordenó tasarlo como vivienda. La compra de ese tipo de inmuebles no figura en las bases.
Postura de los partidos
Solo la Marea ve todo bien. El alcalde y su equipo defienden el concurso, en el que se aplicaron «de forma rigorosa» las bases. Aseguran que la superficie útil de los pisos es mayor a la indicada por el registro, y señalan que el local comercial podrá usarse como vivienda tras una obra que valoran en 9.100 euros. La oposición dice que se han vulnerado las bases. El PP, que ha denunciado nueve posibles irregularidades, critica que así se han ahorrado al firmante de la Marea los gastos del cambio de uso. El BNG exigirá que se repita todo el proceso garantizando que las bases se aplican de forma taxativa. El PSOE ha calificado el plan de compra de viviendas de «fracaso» y ha exigido explicaciones a las supuestas infracciones.
Los funcionarios defienden su labor y piden a los ediles responsabilidad al tratar el asunto
Los funcionarios que formaron la comisión encargada de valorar los inmuebles presentados al concurso de compra de viviendas enviaron este martes un escrito al alcalde y los concejales en el que defienden la objetividad e imparcialidad de su trabajo en ese órgano.
Los funcionarios, «ante el alcance público y político» que ha tomado el asunto, subrayan que «ningún responsable político ni personal eventual» participó directa o indirectamente en la comisión, que no conocían a ninguno de los ofertantes de inmuebles, que todas las decisiones que tomaron «lo fueron de forma consciente y con el máximo respeto» a los principios de «profesionalidad, objetividad, transparencia, ausencia de arbitrariedad, publicidad, imparcialidad, y garantía de libre concurrencia», siempre con el fin de cumplir las bases y su objetivo: la adquisición de inmuebles para destinar a alquiler social.
Señalan que la finalidad del escrito es «defender la honorabilidad y la independencia» en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, ruegan a los concejales que hagan un «tratamiento responsable» del asunto para evitar «condenas mediáticas», y se ponen a disposición de los concejales para facilitar «cuantas explicaciones y aclaraciones» soliciten sobre el proceder de la comisión.
Hasta ahora, la oposición no ha puesto en duda el trabajo de los funcionarios, sino que ha exigido explicaciones al gobierno local, o que asuma responsabilidades, al considerar que las dos propiedades adquiridas al firmante de la Marea no cumplían los requisitos indicados en las bases.
Desde que estalló la polémica, tanto el alcalde como el edil de Urbanismo insistieron en que el proceso fue validado por funcionarios. También la Marea señaló que los de Rexeneración Urbana «aprobaron a compra».