El margen para definir el futuro del puerto se agota sin que exista un plan para la zona

Hace 15 años que se selló la decisión de construir el puerto exterior y de integrar en la ciudad los muelles interiores que fueran quedando en desuso. Había entonces un amplio margen para afrontar esa operación con calma. La crisis dio al traste con el plan que había para la ciudad, incluyendo la previsión de ingresos por la venta de los terrenos. El convenio del 2004 establecía que esas transacciones generarían 200 millones de euros para pagar las obras de Langosteira. Hace un decenio que se sabe que eso no ocurrirá, pero desde entonces no se ha desarrollado ningún plan alternativo más allá de las declaraciones de intenciones de distintos partidos sobre el interés de dejar en manos públicas el suelo. El tiempo se agota para saber qué hacer con el puerto. 

Urgencia

La deuda. La urgencia por definir un proyecto viene dada por la deuda de la Autoridad Portuaria contraída para pagar las obras de Langosteira. Hay que abonar 304 millones de euros. Las carencias y las renegociaciones de plazos han permitido a la Autoridad Portuaria aplazar los desembolsos más importantes, pero en el 2021 se acaba esa situación y habrá que empezar a pagar sin saber todavía de dónde va a salir el dinero. Los partidos, todos, piden una condonación como prometió el Gobierno al Puerto de Valencia, pero el mismo Gobierno no aplicó esa terapia en A Coruña y apunta que mientras siga en funciones no podrá dar más pasos en ninguna dirección.  

Dos años

Poco tiempo. Quedan dos años para el 2021, un margen muy escaso para desarrollar unos planes que, en general, requieren más tiempo. El profesor de la Escola de Arquitectura, Juan Creus, indica que la redacción de un plan lleva su tiempo: «Los planes especiales requieren trámites muy largos, depende de la profundidad a la que se quiera llegar», dice. En todo caso, solo la redacción podría demorarse un año o año y medio, a lo que habría que sumar algo que podría llevar otro tanto o más: la tramitación administrativa con sus informes sectoriales y períodos de consulta y alegaciones. Todo eso en caso de que existiera un acuerdo previo entre las partes -Ayuntamiento, Puerto, Xunta y Estado-, acuerdo que por el momento no existe y que, se presume, todavía tardará en llegar porque los intereses de las partes son muy distintos, porque están implicados diferentes partidos políticos y porque subyace de fondo el espinoso problema de la deuda: no solo hace falta dinero para urbanizar, sino también para pagar los 304 millones en créditos.  

Suelo contaminados

Tratamiento. Además, en caso de acuerdo y de poder contar con un plan aprobado, faltaría todavía actuar sobre los terrenos que queden liberados en los muelles interiores, muchos de ellos potencialmente contaminados por decenios de actividad industrial. «Tiene que haber un plan de descontaminación con analíticas previas, suele haber metales pesados y hay que decidir el tipo de tratamiento en cada caso», indica el ingeniero Ricardo Babío. Más tiempo a sumar.  

Pasos

Próximo encuentro. Desde el Ayuntamiento indican que su intención es tener una reunión a tres bandas entre consistorio, Xunta y Puerto para estudiar el convenio vigente y un plan urbanístico. En eso, dicen, se quedó en la entrevista mantenida entre la alcaldesa, Inés Rey, y Feijoo. Previsiblemente será en septiembre. Sin fecha está todavía un viaje a Madrid, también previsto, de Rey y el delegado del Gobierno, Javier Losada, para tratar el asunto con Fomento. Mientras el Gobierno siga en funciones pocas soluciones se prevén. El PSOE coruñés, además, se comprometió por escrito con el BNG, en un acuerdo de mandato, a mantener la titularidad pública del suelo.  

Compromisos

A la espera. La Autoridad Portuaria recuerda, por su parte, que cumplió con todos los compromisos que se le exigieron en el 2004, construyendo un puerto exterior operativo y en constante crecimiento, con 12 concesiones funcionando y una capacidad de almacenamiento que ya supera a la de los muelles interiores. Repsol, además, está ya en proceso de traslado. «La Autoridad Portuaria está a la espera de un acuerdo válido para todas las partes y que no perjudique sus intereses», indican desde ese organismo. Para ello aguarda a que haya un Gobierno para contar con un interlocutor válido en Madrid. Recuerdan también la solución dada a Valencia, pidiendo el mismo trato para A Coruña. 

La Xunta recuerda que solo ellos han puesto fondos sobre la mesa para garantizar la titularidad pública del suelo

«O Executivo autonómico mantén o seu compromiso de manter a titularidade dos espazos portuarios interiores na Coruña», recuerdan desde la Xunta, indicando que el Gobierno gallego se implicó en la operación el año pasado con una inversión prevista de 20 millones de euros. Hasta el momento es la única Administración que anunció fondos y medidas concretas para la fachada marítima coruñesa, si bien sus planes fueron rechazados de plano por el consistorio porque el Ayuntamiento no fue invitado en abril del 2018 al acuerdo suscrito por Puerto, Fomento y Xunta.

«Entendemos que é imprescindible saber se as Administracións se van comprometer para manter os terreos en titularidade pública. A Xunta si se comprometeu», indican.

En el año 2015 el Ayuntamiento inició una campaña para exigir que se cambiaran los convenios del 2004 que preveían la venta de buena parte de los muelles interiores. Desde entonces muchas voces se han sumado a esa petición, si bien en los últimos cuatro años ninguna Administración, más allá de la autonómica, ofreció una solución concreta para desbloquear la situación y perfilar el futuro del puerto interior. El Gobierno alega que está en funciones para posponer cualquier decisión sobre el litoral coruñés, por lo que no se prevé, a corto plazo, ninguna solución desde Madrid. Es el Gobierno, al final, el titular de los terrenos, pues la Autoridad Portuaria es un organismo de titularidad estatal. 

El tren a Langosteira

La Xunta también critica al Gobierno por su «tibieza» a la hora de encontrar soluciones para el tren a Langosteira. Esa obra se incluía en el convenio del 2018 que finalmente no se concretó. Desde Santiago exigen de forma inmediata la licitación de esos trabajos para que el puerto mejore su operatividad. Recuerdan también que el Parlamento gallego acordó por unanimidad solicitar al Estado la condonación de los 304 millones que debe la Autoridad Portuaria por la obra del puerto exterior. Pedro Sánchez sí condonó una deuda algo mayor al Puerto de Valencia, pero no hizo lo mismo con el de A Coruña y en la Xunta piden el mismo trato. Esa deuda es precisamente la que hipoteca el futuro de la fachada marítima coruñesa, ya que según los acuerdos del 2004 los créditos de la obra había que abonarlos con la venta de los terrenos. En el puerto quedarán libres cerca de medio millón de metros cuadrados y la Xunta, con sus 20 millones, garantizaba que cerca de 100.000 metros quedaran en manos públicas.

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